El Gobierno de la Nación presentó una denuncia penal por actos de terrorismo contra quienes participaron en los hechos de violencia registrados afuera del Congreso de la Nación Argentina, durante una protesta vinculada al tratamiento de la reforma laboral. Según fuentes oficiales, la presentación busca que las conductas sean investigadas como delitos de extrema gravedad y que las personas imputadas enfrenten penas más severas en caso de ser halladas responsables.

La denuncia se basa en la carpeta de investigación que reunieron fuerzas de seguridad y organismos judiciales tras los incidentes, entre los que se incluyen agresiones a efectivos policiales, daños materiales y disturbios que derivaron en la intervención del Estado para restablecer el orden.

¿Qué implica la calificación de "terrorismo"?

Calificar los hechos como actos de terrorismo supone una agravante en el Código Penal argentino, que contempla severas penas para quienes planifiquen o ejecuten conductas que generen alarma pública, intimidación o temor en la población, o que atenten contra la infraestructura del Estado y la seguridad colectiva. La decisión de elevar la calificación fue adoptada por el Ejecutivo, con el aval de representantes jurídicos de la administración.

Desde el Gobierno afirmaron que los episodios violentos no se limitaron a un enfrentamiento aislado, sino que incluyeron planificaciones y acciones coordinadas que exceden el marco de una protesta legítima. Por ello solicitaron que la justicia actúe con el rigor necesario para determinar responsabilidades individuales y aplicar las penas correspondientes.

Reacciones del oficialismo y de opositores

Voceros del oficialismo respaldaron la presentación judicial y señalaron que la violencia no puede ser tolerada en una democracia, exhortando a que las instituciones del Estado actúen con firmeza frente a quienes "desbordaron los límites de la protesta pacífica".

Por su parte, sectores opositores advirtieron que la calificación de terrorismo podría ser utilizada como una herramienta para criminalizar la protesta social, y pidieron que la justicia analice los hechos con criterios técnicos y respetando las garantías constitucionales de los manifestantes.