El presidente Javier Milei elevó al debate el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, cuya finalidad es instaurar reglas que obliguen al Estado argentino a mantener un resultado fiscal equilibrado o superavitario de forma permanente. La iniciativa acompaña al Presupuesto 2026 y pretende prohibir el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo, algo que el oficialismo considera esencial para la estabilidad económica a largo plazo.

Según los impulsores, estas reglas no solo tendrían efectos macroeconómicos, sino también institucionales y penales, al transformar obligaciones presupuestarias en compromisos legales con consecuencias severas.

Ajuste automático y control del gasto

La propuesta exige que el Presupuesto General de la Nación proyecte un balance equilibrado o positivo cada año, evitando déficits estructurales. Si se produjeran caídas de ingresos o aumentos de gastos, el proyecto prevé un mecanismo automático de ajuste que reduciría discrecionalmente la intervención política en la asignación de recursos.

También introduce requisitos adicionales para toda ley de gasto, que deberán incluir un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo que asegure la existencia de financiación explícita no solo para el año en curso, sino también para ejercicios futuros.

Sanciones y penalizaciones inéditas

Una de las partes más controvertidas del proyecto es la intención de modificar el Código Penal para incorporar penas de prisión e inhabilitaciones para funcionarios que generen gastos sin recursos acreditados o autoricen emisiones monetarias no respaldadas. Las sanciones propuestas van desde 1 a 6 años de prisión para gestores de gasto irresponsable, hasta 3 a 10 años para autoridades del Banco Central que faciliten emisiones irregulares, con agravantes si hay beneficios personales.

Alcance y repercusiones

La iniciativa no se limita a la administración central, sino que extiende sus reglas al Sector Público Nacional completo, incluyendo organismos descentralizados, empresas estatales y fondos fiduciarios con participación mayoritaria del Estado. También prohíbe al Poder Ejecutivo solicitar adelantos transitorios al Banco Central para financiar el gasto primario y condiciona transferencias a la presentación de información presupuestaria completa.

Este enfoque ha generado apoyos parciales dentro del oficialismo, pero también intensos cuestionamientos desde diversos sectores. Especialistas advierten que reglas fiscales estrictas suelen combinar solvencia y flexibilidad, y que imponer equilibrio fiscal permanente puede eliminar la posibilidad de aplicar políticas contra cíclicas en situaciones de crisis.

El debate político y constitucional

Más allá de sus aspectos técnicos, el proyecto pone en discusión la visión del rol del déficit fiscal en la economía argentina. Milei sostiene que el desequilibrio recurrente de las cuentas públicas fue un factor central en la inflación y el estancamiento económico. Por eso, para el presidente, consolidar un superávit fiscal sostenido es el "único camino" hacia un crecimiento genuino.

Aunque el oficialismo empuja con fuerza la sanción de estas reglas junto al presupuesto, quedan abiertas preguntas sobre si ese marco jurídico será compatible con la Constitución nacional y si permitirá flexibilidad operativa en una economía con desafíos estructurales, como la volatilidad y la necesidad de políticas anticíclicas.