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La caída de un capítulo clave del Presupuesto genera quiebre de confianza con gobernadores aliados.
El Gobierno de Javier Milei sufrió un revés político en la Cámara de Diputados que trascendió la derrota legislativa. La incorporación de último momento del Capítulo XI al Presupuesto 2026, que incluía la derogación de la Ley de Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, desató un fuerte malestar entre los gobernadores que venían respaldando al oficialismo tras semanas de negociaciones. Si bien la ley en general fue acompañada, la maniobra terminó volcando ese apartado clave.
En las provincias interpretaron que la decisión de incluir sorpresivamente el Capítulo XI respondió a la presión por sostener el equilibrio fiscal, buscando un ahorro estimado del 0,5% del PBI mediante la derogación de ambas leyes. Sin embargo, el problema central fue haber avanzado sin aviso previo y fuera de los márgenes acordados, tocando temas sensibles apalancados por sus propios legisladores.
Esta dinámica de acordar un esquema y modificarlo sobre el final fue interpretada por los gobernadores dialoguistas como una repetición de errores que generaron ruido en discusiones anteriores. Esta lectura explica que varios mandatarios ordenaran a sus diputados no acompañar el capítulo, aun cuando habían facilitado la aprobación del proyecto en términos generales.
La votación por capítulos complicó el escenario, concentrando varios artículos en un solo bloque. El rechazo fue total y dejó afuera otras disposiciones que sí contaban con consenso, como compensaciones y actualizaciones. Aliados consultados por el medio TN calificaron la jugada como un "error político evitable" que volvió a tensar el vínculo entre el Ejecutivo y las provincias. La caída del capítulo se concretó con el rechazo de diputados de Salta, Tucumán, Catamarca, Misiones, Neuquén y del bloque Provincias Unidas.
Para intentar asegurar los votos, el Gobierno había intentado mejorar el vínculo con el giro de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Solo en diciembre se transfirieron unos $66.500 millones a provincias clave, concentrando el 33% del total distribuido en 2025.
No obstante, este reparto no logró asegurar el apoyo al capítulo más cuestionado. Incluso provincias que recibieron importantes transferencias, como Tucumán y Misiones, ordenaron votar en contra.
Además, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó que la "picardía legislativa" de rechazar el Capítulo XI dejó afuera otros puntos importantes con consenso, como la actualización de la Asignación Universal por Hijo y las tarifas de gas en la zona fría.
A esto se sumó el malestar por los compromisos con las cajas previsionales no transferidas. El Presupuesto 2026 prevé $122.000 millones, cifra inferior a los $149.333 millones que solo cuatro distritos (Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Chaco) requieren, alimentando la sensación de que los acuerdos se relativizan en la letra fina.
El Presupuesto pasó al Senado, donde se emitió dictamen respetando la versión de Diputados y dejando fuera el capítulo polémico. El oficialismo buscará la sanción final sin reabrir esa discusión.
Los gobernadores aliados acompañarán el trámite final, pero con una clara advertencia: lo sucedido encareció su respaldo futuro. La señal es que el Gobierno deberá reconstruir la confianza si quiere obtener mayorías en debates venideros, como la reforma laboral.
El malestar también alcanzó al PRO por negociaciones paralelas para cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN). Para los gobernadores, este conflicto con un socio central funciona como un espejo de una forma de negociar que genera desconfianza y resulta en apoyos condicionados.
