La jueza federal Loretta Preska ratificó su decisión de requerir comunicaciones electrónicas de funcionarios y exfuncionarios argentinos para evaluar el vínculo entre YPF y el Estado y, en función de esa relación, delinear eventuales embargos que permitan sustanciar el pago de la sentencia por US$ 16.000 millones derivada de la expropiación de la petrolera. Durante una nueva audiencia en Nueva York, los demandantes y beneficiarios del fallo denunciaron "el incumplimiento total" de la orden de entrega de mensajes.

El requerimiento judicial -explicó el tribunal- apunta a reconstruir la interacción entre la empresa y el sector público como paso previo para identificar activos embargables. Se trata de una derivación del juicio original y no del tramo recursivo principal, cuya apelación fue tratada la semana pasada. El expediente matriz se inició en 2015.

En la audiencia, la defensa de la Argentina indicó que está gestionando la "cooperación" de las personas involucradas, aunque advirtió que no puede garantizar la preservación de todas las comunicaciones solicitadas. De todos modos, el país se comprometió a informar antes del 10 de noviembre quiénes presentarán los chats y a comenzar la producción de documentos antes del 21 de noviembre.

Preska, por su parte, amplió el alcance del pedido: además de correos y mensajes tradicionales, deberán incluirse contactos y conversaciones mantenidos por WhatsApp, Signal, redes sociales y otras plataformas. Los demandantes solicitaron que, si no hay cumplimiento al 21 de noviembre, el tribunal convoque a una audiencia por desacato.