La Fiscalía que investiga al expresidente Alberto Fernández por violencia de género suspendió la declaración de dos empleadas de la quinta de Olivos tras un planteo de la querella de Fabiola Yañez, ex primera dama, relacionado con el deber de confidencialidad firmado al trabajar en la residencia presidencial. La defensa de Fernández había presentado testimonios privados de empleadas, custodiados por un escribano, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad de esas declaraciones.

El fiscal Ramiro González citó a declarar al escribano Lisandro Braga, encargado de labrar las actas con los testimonios de las amas de llaves y niñeras, para esclarecer si se respetó la confidencialidad. La querella sostuvo que Yañez no relevó a las empleadas de ese deber, lo que pone en duda la validez de sus testimonios.

Por otra parte, el celular de Yañez será peritado el 8 de octubre en España, bajo la supervisión de la fiscalía española, para extraer información clave. La Cámara Federal rechazó el recurso de la defensa de Fernández, que pedía realizar el peritaje en Argentina por razones de custodia y debido proceso. Los jueces consideraron que no había razones suficientes para trasladar el procedimiento.