El Gobierno oficializó la declaración de la actividad aérea como "servicio esencial", medida que había sido anunciada la semana pasada mientras los gremios aeronáuticos realizaban un paro de 24 horas. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial a través de los decretos 825 y 831, establece que, conforme a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es legítimo exigir un servicio mínimo en sectores que pueden causar "daños irreversibles" o poner en peligro la seguridad y salud pública en caso de huelgas prolongadas.

Los decretos, firmados por el presidente Javier Milei y miembros de su gabinete, argumentan que la interrupción del servicio aéreo puede generar graves consecuencias para la conectividad y el comercio, afectando a toda la cadena de valor del transporte aéreo. Para mitigar estos impactos, se implementará un régimen de prestaciones mínimas, que garantizará que al menos el 50% del servicio funcione durante los conflictos.

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En cuanto a las prioridades del Gobierno, se enfatiza el "compromiso inquebrantable" con el equilibrio fiscal, en respuesta al déficit consolidado del BCRA y el Tesoro que superó el 15% del PBI en 2023.

Los gremios aeronáuticos, encabezados por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), rechazaron la medida. Pablo Biró, líder de APLA, anunció que recurrirán a la Justicia, la OIT y la CIDH, al considerar que la medida atenta contra el derecho de huelga. Biró afirmó que el conflicto con Aerolíneas Argentinas y el Gobierno "se va a agravar", sosteniendo que los paros son "el único medio legítimo" para defender los intereses salariales de los trabajadores.