La vicepresidenta y titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel, ha presentado una denuncia ante la Justicia por los destrozos ocurridos en el Congreso durante el debate sobre la ley Bases, a raíz de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (anteriormente Twitter), la referente de La Libertad Avanza (LLA) compartió el escrito: "Presentamos hoy ante el Juzgado de la Jueza Servini de Cubría nuestra denuncia y la solicitud para ser querellantes por los daños sufridos en los edificios históricos del Senado de la Nación hace 2 días. Se terminó el país de los violentos. Quién comete un delito, debe responder".

La denuncia de Villarruel se produce después de que el Ministerio de Seguridad manifestara su intención de demandar los costos del operativo y pedir la reparación de los daños ocasionados por los disturbios en las afueras del Congreso.

Además, los enfrentamientos dejaron varios detenidos que aún se encuentran privados de su libertad. La titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró que pedirá a la Justicia que los detenidos por los disturbios sean acusados de sedición. En una entrevista con LN+, Bullrich comentó que la actitud de algunos diputados fomentó una "situación de aceptación de la violencia", señalando que estos se pusieron en medio de la situación en lugar de calmar las aguas. Bullrich reivindicó la definición del ataque como un golpe de Estado moderno, afirmando que busca desgastar al Estado para que pierda capacidad de acción.

La jueza federal María Servini ha interrogado a los primeros diez detenidos por los desmanes en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases el pasado miércoles, acusándolos de atentar contra el orden constitucional. Estos diez detenidos quedaron inicialmente bajo la órbita federal y fueron interrogados en las últimas horas. Las defensas han solicitado su liberación y la jueza resolverá este viernes si concede las libertades.

Mientras tanto, Servini debe interrogar a otros 23 acusados que estaban bajo la jurisdicción de la Justicia porteña pero cuyas causas se acumularon bajo su cargo, dejando a la jueza a cargo de los 33 detenidos en total.