La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, envió cuatro proyectos al Congreso que apuntan a la lucha contra el crimen organizado, la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de “reiterancia” y modificaciones a la unificación de condenas. La intención del Gobierno de Javier Milei es que las iniciativas se traten la semana que viene.

Dentro del proyecto de la Ley Antimafia se encuentra la incorporación del concepto de reiterancia. Esta norma legal se aplica en Mendoza desde el  2016, cuando el miembro de la Suprema Corte de Justicia, José Valerio, redactó la iniciativa que tenía como objetivo ponerle “fin a la puerta giratoria” para los delincuentes.

Continuando con el mismo proyecto, Bullrich busca endurecer las penas de 8 a 20 años de cárcel para los siguientes delitos: tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas o explosivos y que estén relacionados con los objetivos de una organización criminal.

También busca crear la figura de la Zona de Investigación Especial, cuyo objetivo será establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado para obtener una respuesta más rápida en cuestiones judiciales.

En busca de terminar con las organizaciones criminales, el Ejecutivo buscará penar el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho a todos los miembros de la organización. A su vez, se aplicará la extinción de dominio de cualquier bien que sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al Estado Nacional.

Otros de los proyectos presentados tiene como fin el orden público y la legítima defensa. Desde la cartera que conduce Bullrich quieren llevar a cabo una actualización del Código Penal para que los agentes de las Fuerzas de Seguridad y las víctimas de hechos de violencias puedan repeler ataques y contar con un resguardo legal, sobre todo, para que los agentes no vean comprometida su labor y carrera.

“Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad.

Por último, buscarán la creación del Registro de Datos Genéticos, que propone ampliar el alcance de delitos contra la Integridad Sexual y también contra los que tengan que ver con asociaciones criminales. (El Sol)