En la resolución, el máximo tribunal penal federal del país instó al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, a cargo de la causa, para que "haga un control eficaz del progreso de las actuaciones a fin de no prolongar de modo indefinido la cuestión de competencia que viene planteando desde meses el Ministerio Pùblico Fiscal", según el fallo de los camaristas Eduardo Riggi, Javier Carbajo y Guillermo Yacobucci, al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam.

Los jueces aludieron a la "imperiosa necesidad de que se establezca y precise el objeto procesal de la encuesta; cuestión que resulta trascendental no sólo a fin de no menoscabar los derechos y garantías que asisten a los justiciables, sino también, justamente, para la correcta determinación de las cuestiones de competencia planteadas por las partes, asegurando de este modo -por añadidura- la adecuada administración de justicia".

Los magistrados declararon mal concedido el recurso para revisar la decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata que rechazó declarar la incompetencia parcial de Ramos Padilla en la parte del caso por supuesta "coacción y tentativa de extorsión" en la que está procesado Santoro.

La defensa del periodista pedía que la investigación de esta parte del caso siga su curso en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en la ciudad de Buenos Aires, por una cuestión de "territorialidad" de los hechos.

Casación sostuvo que el recurso no se presentó contra una "sentencia definitiva" y declaró mal concedida la apelación.

La decisión se tomó "sin perjuicio de hacer un enfático hincapié respecto a que la indeterminación del objeto procesal no puede prolongarse de manera indefinida; sobre todo, en virtud de la existencia de personas privadas de su libertad, la restricción de derechos propia de una investigación penal y hechos que se habrían concretado en ámbitos territoriales diversos y ajenos a la competencia del magistrado que actúa en el caso", sostuvo el fallo.

"En este sentido, corresponde remarcar que han pasado varios meses desde el anterior pronunciamiento de esta Sala y aún continúa sin definirse claramente la plataforma fáctica y por ende el objeto procesal de la presente causa respecto de parte de los imputados", afirmaron los magistrados.

La "indeterminación conspira no sólo contra el adecuado servicio de justicia, sino también respecto de garantías de naturaleza constitucional", concluyó Casación.