En 2018 el exfuncionario dictó una resolución con la que habilitó a las distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir de enero de 2019 en las tarifas para compensar los efectos de la devaluación del peso, en detrimento de los usuarios.

Para la representante del ministerio público fiscal, Iguacel "evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento".

En el requerimiento que le elevó a la jueza María Servini, la fiscal señaló que la maniobra fue en perjuicio de los "usuarios-consumidores, en cuya cabeza fijó la obligación de abonar un aumento tarifario indebido, como así también, subsidiariamente, en perjuicio del Estado Federal argentino que como garante de la prestación del servicio público también resultó abusiva e indebidamente obligado".

Si bien la resolución fue dejada sin efecto por el escándalo que se desató cuando Iguacel la dictó, ahora la fiscalía a cargo de la investigación penal solicitó que se declare su nulidad absoluta e insanable, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.

La prueba colectada por la fiscalía que tiene delegada la investigación permitió detectar que en el período investigado "las empresas distribuidoras de gas decidieron comprar el gas a un valor dólar fijado contractualmente y no a la cotización de la fecha de pago prevista" lo que "generó que se acumularan las mencionadas diferencias diarias pero no en términos de pérdida directa en sus activos, sino bajo un formato de ´deuda con las productoras, que día a día generaba intereses y que conocían que nunca abonarían pues trasladarían en su totalidad al usuario´", según surge del expediente.

La fiscalía detectó que, "manteniendo su patrimonio incólume frente a la fluctuación cambiaria que damnificaba a los usuarios, las distribuidoras decidieron invertir sus ingresos -nutridos del pago de tarifas-, en contratos de dólar futuro y de modo concomitante negociar una rebaja en el precio del gas con las productoras".

La prueba reunida en el expediente permitió acreditar que por ejemplo durante el período estacional comprendido entre el 1º de abril y el 30 de septiembre de 2018, donde se generaron las diferencias diarias acumuladas luego reclamadas, tanto Metrogas SA como también otras distribuidoras (Gas Cuyana SA y Gas del Centro), intervinieron activamente en el mercado de compra-venta de dólar futuro.

Durante el año 2018, Metrogas S.A. realizó un total de ciento ochenta y siete (187) operaciones en el mercado Rofex (Mercado a Término de Rosario), y sólo durante el periodo estacional en cuestión (1º de abril y el 30 de septiembre de 2018) efectuó sesenta y dos (62) intervenciones, según surge del dictamen fiscal.

Para la fiscalía, los hechos que se le atribuyen a Iguacel podrían encuadrarse en los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública y administración infiel en perjuicio de la administración pública.

La causa se inició por una denuncia del también fiscal federal Guillermo Marijuan, mientras que Iguacel, a través de abogados, ya presentó un primer descargo espontáneo en el expediente, con el objeto de señalar que no cometió ningún ilícito y que la resolución tenía por objetivo cuidar a los usuarios, como había dicho públicamente.

Fuente: Ambito