Tras un debate de una hora y media, los proyectos fueron respaldados por 238 y 235 diputados, respectivamente, en tanto que los dos legisladores de la Izquierda se abstuvieron en ambos casos.

En el inicio de los discursos, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, Eduardo Valdés (Frente de Todos) señaló que ambos proyectos constituyen "una política de Estado de la Argentina".

"Estamos convencidos que las verdaderas políticas de estado trascienden los gobiernos, y en ese sentido las presentación de estos proyectos buscan refrendar los derechos argentinos", añadió.

"El presidente (Alberto Fernández) ha reafirmado en su discurso de asunción presidencial el más firme compromiso de la Argentina por el cumplimiento de las cláusulas transitorias de la Constitución Nacional en esta materia", continuó.

En tanto, el vicepresidente esa comisión, Facundo Súarez Lastra (UCR), consideró que la Argentina está en el "camino correcto, que debe ser alentado" y por eso "votamos con gusto estas dos leyes, pero exhortamos al Gobierno a ser más prudente, más serio y menos contradictorio en política internacional, porque sin eso nada alcanzará".

El también radical Carlos Fernández, presidente de la Comisión de Defensa, remarcó que "esta es una de esas decisiones que tendrá trascendencia en el futuro".

"Estamos votando la ampliación de 1.782.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio reconocidos en el ámbito internacional, y esto tiene que ver nuestro futuro, sobre los derechos del suelo y el subsuelo de nuestro país", agregó.

La diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, dijo que "este equipo de científicos y el cuerpo diplomático de Argentina nos demuestran que las acciones en las que actuamos estratégicamente hay éxito" y señaló que "se trata de la incorporación de territorio soberano, con riqueza ictícola, minería y combustible."

"Con esta ley ese será el límite de nuestra patria y reconocido por las Naciones Unidas.", agregó.

Uno de los proyectos crea el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas en el ámbito de la Presidencia de la Nación, y establece que las funciones del Consejo serán las de contribuir a generar los consensos políticos y sociales necesarios para diseñar e implementar políticas de Estado que tengan por objeto efectivizar el ejercicio pleno de la soberanía sobre Malvinas, las islas Georgias y Sandwich del sur y los espacios marítimos circundantes.

El artículo 3 dispone que el Consejo estará integrado por el Presidente de la Nación, quien lo encabezará; el ministro de Relaciones Exteriores y un diputado y un senador designados por cada uno de los tres bloques con mayor representación parlamentaria en cada una de las cámaras.

El Consejo estará integrado, además, por el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; dos especialistas en Derecho Internacional, tres representantes del sector académico y científico de reconocida trayectoria en la materia y un representante de los ex combatientes de Malvinas.

El otro proyecto, que consta de 4 artículos, establece los límites exteriores definitivos de la plataforma continental, más allá de las 200 millas.

En los fundamentos, el Ejecutivo manifestó que el "profundo trabajo técnico y científico llevado a cabo por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla) reafirma" los derechos de soberanía argentina "sobre los recursos del lecho y subsuelo de nuestra plataforma continental: minerales, hidrocarburos y especies sedentarias, vieiras, esponjas, langostinos, mejillones, etc.".

"Argentina ha demarcado el límite exterior de su plataforma continental cumpliendo con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar (Convemar) y con las directrices científicas y técnicas y el reglamento de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC)", expresa la iniciativa en sus fundamentos.

El Ejecutivo destacó que "se han obtenido datos inéditos para el conocimiento del margen continental argentino, con el fin de que el trazado de ese límite sea el más beneficioso para el país, respetando las fórmulas y restricciones previstas en la normativa internacional".