El Gobierno creó la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, que tendrá a su cargo "la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos" que colaboren "de modo trascendente y eficiente" en una investigación judicial de competencia federal, a través del decreto 795 publicado hoy en Boletín Oficial.

El decreto, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y miembros de su gabinete, señala también que la nueva agencia funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pero "con el carácter de ente autárquico dotado de autonomía funcional".

El tema había sido adelantado la semana pasada por el titular de esa cartera, Germán Garavano, al considerar que debía ser un ente "autárquico" y que tuviera independencia del Poder Ejecutivo.

La norma publicada hoy transfiere además al nuevo organismo "el cargo de Director Nacional, el personal y la totalidad de los bienes, activos, presupuesto vigente y patrimonio" de los que hasta ahora era el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.

El decreto dice puntualmente que la agencia está destinada a "la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal y lo previsto por la Ley N° 23.737 y sus modificatorias".

Pero agrega que podrá incluir "fundadamente otros casos no previstos en el primer párrafo cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable".

La norma además crea un Consejo Consultivo que supervisará su funcionamiento y elaborará una propuesta para designar al director de la nueva agencia.