Así lo revelaron hoy fuentes judiciales a Télam al señalar que la Sala III del máximo tribunal penal de la Nación desestimó el planteo efectuado por el abogado Carlos Alberto Berardi, en la causa contra el magistrado por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario y prevaricato, en la que la ex jefa del Estado actúa como querellante.

El sumario contra Bonadio fue iniciado en abril de 2016 por diputados del Frente de la Victoria, luego que la ex presidente fuera citada a indagatoria por la operatoria con la moneda extranjera y que, según el juez provocó multimillonario perjuicio al Estado Nacional.
En esa causa, la senadora Fernández tiene procesamiento confirmado, con juicio oral previsto para el año próximo, mientras que, primero por el juez federal Sergio Torres y luego por la Sala I de la Cámara del fuero, Bonadio fue sobreseído.
En ambas instancias, se consideró que Bonadio no había incurrido en ningún ilícito, que su desempeño “se encontró siempre dentro del marco de la ley”, y que “actuó dentro del ámbito de su competencia y jurisdicción”, lo que, impulsado por la querella, llevó el expediente hasta la Sala III de Cámara Federal de Casación Penal.
“Las conjeturas del recurrente sobre los alcances políticos o económicos que pudieran derivarse de las medidas procesales adoptadas por el magistrado, quedan circunscriptos a las suposiciones del que las introdujo sin alcanzar a demostrar” un delito, sostuvo el tribunal.
Al desestimar el recurso de casación, “con costas” a la querellante, los camaristas Liliana Catucci y Eduardo Riggi afirmaron que las resoluciones por las que Bonadio fue sobreseído “no demuestran la existencia de vicios lógicos” ni transgresiones que permitan calificarlas como arbitrarias.