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La fiscalía ordenó allanamientos en los domicilios de cuatro adolescentes de 15 años imputados por editar y comercializar imágenes íntimas de medio centenar de alumnas; investigan a un mayor por costear el software.
La investigación penal por la manipulación y comercialización de imágenes íntimas falsas de alumnas mediante inteligencia artificial sumó un avance clave en las últimas horas. Por orden de la fiscalía interviniente, efectivos policiales ejecutaron una serie de allanamientos simultáneos en las viviendas de cuatro adolescentes de 15 años formalmente imputados por producir y distribuir en plataformas de contenido para adultos fotografías alteradas digitalmente de sus compañeras de colegio.
Durante los procedimientos, los peritos judiciales procedieron al secuestro de teléfonos celulares, computadoras de escritorio, notebooks y una consola de videojuegos PlayStation, junto a diversos soportes de almacenamiento digital. El material informático incautado será sometido a exhaustivos peritajes técnicos para reconstruir el archivo de imágenes elaboradas, el circuito comercial de venta y el alcance de las plataformas donde fueron publicadas.
El expediente judicial sumó nuevos testimonios y denuncias formales en los últimos días, elevando a 50 el número de alumnas damnificadas, al tiempo que la nómina de menores investigados se duplicó de dos a cuatro involucrados. La acusación formal apunta a la producción, tenencia y distribución de material íntimo no consentido generado a partir de rostros reales montados sobre cuerpos desnudos mediante herramientas generativas.
En paralelo, la pesquisa sumó una línea de investigación central enfocada en la presunta complicidad de una persona mayor de edad. De acuerdo con las primeras constataciones financieras y bancarias de la causa, un adulto habría facilitado su tarjeta de crédito para costear la suscripción paga del software de inteligencia artificial utilizado por los estudiantes para procesar y desvestir virtualmente las fotografías.
En el plano procesal, el juzgado interviniente dictó una orden de cese de hostigamiento y prohibición de acercamiento que veda a los cuatro acusados aproximarse a las instalaciones escolares y a las víctimas directas, con el propósito de garantizar la integridad psicológica de las menores afectadas.
La acusada aprovechaba su presencia en un centro de entrenamiento para sustraer llaves y permitir que cómplices saquearan una vivienda por más de 150.000 dólares; secuestraron drones, armas y autos.
Frente a esta resolución, el equipo directivo del establecimiento educativo resolvió que los imputados no asistan de forma presencial a las aulas y continúen el ciclo lectivo a distancia mediante la plataforma Zoom, evitando que pierdan la escolaridad mientras avanza el trámite judicial. Por su parte, las familias de las víctimas confirmaron la contratación de letrados particulares para presentarse formalmente como querellantes y activar demandas por daños y perjuicios contra los responsables.
