El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad la reforma de la Ley 9.099 del Código Contravencional, endureciendo significativamente las sanciones económicas y operativas para quienes arrojen, acumulen o viertan residuos en la vía pública, cauces, acequias y colectores aluvionales. La iniciativa, que unificó proyectos de los diputados Gustavo Perret, Franco Ambrosini y Cecilia Rodríguez, obtuvo sanción definitiva y quedó a la espera de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo provincial para entrar en plena vigencia.

La modificación del artículo 127 fija multas de entre 1.000 y 2.000 Unidades Fijas (equivalentes a un rango de entre $600.000 y $1,2 millones) por la acumulación de malezas, escombros o aguas servidas en la vía pública, contemplando además penas de 10 a 20 días de arresto y 30 días de trabajo comunitario de limpieza. Por su parte, el incorporado artículo 138 quinquies tipifica el daño o taponamiento directo de la infraestructura hídrica con multas de 1.500 a 3.000 Unidades Fijas (entre $900.000 y $1,8 millones), sin requerir que se produzca un desborde efectivo para configurar la infracción. En todos los casos, el infractor deberá costear el saneamiento y se establece la responsabilidad solidaria de los padres cuando los infractores sean menores.

Para el sector corporativo, el artículo 138 sexies contempla penas de 5.000 a 10.000 Unidades Fijas (de $3 millones a $6 millones) a las personas jurídicas que generen volcamientos en beneficio mercantil, sumando la posibilidad de clausura o inhabilitación comercial. Asimismo, la senadora Yamel Ases destacó que bajo la premisa «el que contamina paga», las sanciones monetarias se duplicarán automáticamente durante emergencias hidrometeorológicas declaradas. Finalmente, lo recaudado por estas contravenciones tendrá una asignación específica destinada al financiamiento de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Mendoza.