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El Palacio San Martín respondió a los reclamos diplomáticos británicos por la decisión de Javier Milei de activar un arbitraje ante la Convemar. El Gobierno defendió el litigio internacional para frenar las perforaciones en el yacimiento Sea Lion y exigió evitar medidas unilaterales.
El Gobierno nacional formalizó este jueves una enérgica respuesta diplomática contra la administración británica al rechazar que la decisión argentina de recurrir a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) configure un intento de socavar derechos. A través de un documento emitido por la Cancillería, la Casa Rosada defendió la activación de los mecanismos jurídicos multilaterales para salvaguardar los derechos soberanos sobre los recursos naturales en litigio alrededor de las Islas Malvinas, en el marco de la controversia por el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Norte del archipiélago.
El pronunciamiento oficial respondió de forma directa al malestar transmitido el miércoles por la subsecretaria parlamentaria del Reino Unido, Uma Kumaran, ante la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, cuestionando la legitimidad del proceso judicial promovido por la gestión del presidente Javier Milei. Desde Buenos Aires replicaron que acudir a un tribunal neutral e independiente constituye "el acto más responsable que puede realizar un Estado comprometido con el estado de derecho para dirimir controversias mediante jueces que aplican normas libremente aceptadas y no por la vía de acciones unilaterales".
En su descargo, la diplomacia argentina recordó que ambas naciones firmaron y ratificaron la CONVEMAR, contrayendo de manera vinculante las obligaciones estipuladas en la Parte XV del tratado, la cual regula los procedimientos de resolución pacífica de controversias marítimas y explotación de fondos submarinos.
Dado que las dos partes mantienen discrepancias respecto a la sede judicial de preferencia —la República Argentina seleccionó formalmente el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo, mientras que Gran Bretaña optó por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya—, el estatuto de la convención establece que la causa debe radicarse por defecto ante un tribunal arbitral especial de cinco miembros, de acuerdo con las previsiones técnicas del Anexo VII, instancia que ahora deberá dictaminar sobre la legalidad de las exploraciones petroleras en el Atlántico Sur.
