El Gobierno nacional formalizó una intimación diplomática al Reino Unido para que cese de manera inmediata las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la denominada Cuenca Malvinas Norte, centradas en el desarrollo del megaproyecto petrolero Sea Lion. A través de un pronunciamiento conjunto emitido por la Oficina del Presidente y la Cancillería, la administración fijó un plazo perentorio de dos semanas para que Londres desactive estas operaciones unilaterales, advirtiendo que, de persistir la negativa, la Argentina activará el procedimiento de arbitraje e instará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar a dictar medidas cautelares para proteger los recursos naturales de su plataforma continental.

La ofensiva jurídica se sustentó en los mandatos de la Resolución 2065 (XX) y la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, normativas que conminan a ambas naciones a resolver la disputa de soberanía por vía pacífica y a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus aguas circundantes. Desde sus redes sociales, el presidente Javier Milei catalogó el accionar británico como un "saqueo ilegal" y remarcó que las maniobras extractivas ocasionan un perjuicio irreparable sobre los derechos inalienables del país, al tiempo que desestimó el argumento de la soberanía insular como territorio británico de ultramar y la validez legal del plebiscito unilateral concretado en 2013.

En paralelo al reclamo por la cuenca marítima, el Poder Ejecutivo anunció la apertura de acciones penales y sumarios administrativos sancionatorios contra la compañía británica Thales UK Limited. La medida responde a la detección de vuelos comerciales y logísticos operados por la firma entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas, utilizando una aeronave con matrícula del Reino Unido sin contar con las autorizaciones formales exigidas por las dependencias de aviación civil de la República Argentina.

Ante esta situación, el mandatario ordenó a las áreas técnicas y legales articular gestiones diplomáticas urgentes ante los organismos correspondientes y formalizar la imputación judicial en los tribunales federales competentes. Desde la Casa Rosada ratificaron que el Estado acudirá a la totalidad de las instancias jurisdiccionales internacionales y multilaterales para defender los espacios aéreos y marítimos nacionales, reafirmando de manera tajante el reclamo soberano sobre el archipiélago austral.