· Domingo1 de febrero de 2026 · · 25°C
· Domingo1 de febrero de 2026 · · 25°C
La senadora de La Libertad Avanza advirtió que no fue informada sobre los recortes que eliminan los aranceles universales. La medida generó fuertes críticas en el Congreso por el impacto en las familias.
La senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich expuso una clara fisura en la coordinación interna del oficialismo al revelar que desconocía por completo las modificaciones al sistema de discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027. A pesar de integrar la mesa política que articula las decisiones de la coalición gobernante, la legisladora se enteró de las medidas una vez que el proyecto ingresó al Congreso, situación que generó un evidente malestar.
Durante una entrevista con el periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, Bullrich admitió que la temática nunca se debatió en las reuniones internas y advirtió sobre el costo político de esta desinformación. Señaló que llegar al recinto sin conocer la letra chica de los proyectos hace que los legisladores queden expuestos, asegurando que cuando ocurren estas omisiones "quedás como un tonto o que engañás, eso resiente las relaciones". Además, reconoció que en la Cámara de Diputados ya existía un acuerdo previo con sectores opositores para abordar la emergencia del sector, el cual ahora quedó bajo un manto de profunda incertidumbre.
El conflicto político tiene su origen en el Capítulo VI del texto presupuestario, el cual deroga aspectos históricos de la ley 24.901 que rige desde 1997. El punto más crítico es la eliminación de los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas. Esta desregulación significa que dejarán de existir los aranceles obligatorios de referencia, obligando a las familias a negociar de manera individual el costo de las terapias y tratamientos con las obras sociales y empresas de medicina prepaga.
En paralelo, la reforma reinstala el esquema de pensión por invalidez laboral. Con esta modificación, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) perderá su función de garantía directa para acceder a las coberturas médicas. A su vez, el beneficio pasará a ser estrictamente incompatible para aquellas personas que cuenten con un empleo registrado o se encuentren inscriptas en el monotributo, eliminando la posibilidad de trabajar formalmente sin perder la asistencia estatal.
Las reacciones no se hicieron esperar y desde distintos espacios legislativos denunciaron un desmantelamiento del sistema de contención. Referentes opositores advirtieron que el Estado dejará de actualizar los aranceles de forma automática y mensual mediante el índice de movilidad. A partir de la sanción de la ley, los montos serán fijados trimestralmente bajo el criterio exclusivo del Gobierno, aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) solo en caso de que existan demoras en la actualización oficial.
