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El Ministerio de Seguridad y Justicia prohibió operar a Daina Consultora S.A. La firma acumulaba deudas millonarias, carecía de seguros obligatorios y operaba sin vigiladores habilitados.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza dispuso la inhabilitación definitiva de la firma Daina Consultora S.A., prohibiéndole ejercer cualquier tipo de actividad vinculada a la seguridad privada en la provincia. La severa medida fue oficializada este jueves a través del Boletín Oficial, ordenando además su exclusión inmediata del registro de la Dirección de Seguridad Privada (DISEP).
La sanción, establecida bajo la Resolución 3403-SyJ que lleva la firma de la ministra Mercedes Rus, es el resultado de un extenso expediente administrativo. Según las autoridades, la agencia con sede en el departamento de Godoy Cruz presentaba incumplimientos reiterados, sostenidos y graves. Entre las principales irregularidades, se detectó una deuda superior al millón y medio de pesos en concepto de cánones impagos correspondientes a los años 2024 y 2025.
A la morosidad financiera se le sumó una alarmante falta de documentación obligatoria. La empresa operaba sin presentar la actualización de su seguro de caución, pólizas de responsabilidad civil, cobertura de Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), seguro de vida para el personal y diversos formularios laborales exigidos por la ley.
Uno de los datos más llamativos que arrojó la investigación de la DISEP es que la compañía mantenía dados de alta cinco objetivos comerciales en el sistema provincial, pero curiosamente no registraba vigiladores habilitados para cubrirlos.
Este escenario de precariedad operativa no era nuevo para la firma. En marzo de 2024 ya había recibido una suspensión inicial de 15 días, que luego se amplió a 30 días ante la total falta de regularización. Tras agotar las instancias de advertencia durante más de un año, el área jurídica recomendó avanzar con la baja total del servicio.
La inhabilitación recae directamente sobre Daina Consultora S.A., afectando de igual manera a sus propietarias, Daniela Vanina Cueito y María Alejandra Sfreddo, y a la directora técnica de la firma, Mónica Elisabeth Villegas. Ahora, el Gobierno provincial deberá notificar la resolución a entidades de control como la Subsecretaría de Trabajo, Fiscalía de Estado y la Administración Tributaria Mendoza (ATM). No obstante, los titulares de la empresa sancionada disponen de un plazo de 15 días hábiles para presentar recursos administrativos y apelar la decisión oficial.
