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El Poder Ejecutivo envió a Diputados la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El proyecto incluye sanciones a empresas en las islas, control aeroespacial y protección de infraestructura clave. Ahora inicia la negociación con los bloques aliados.
En los primeros minutos de este jueves, el Gobierno nacional completó el envío a la Cámara de Diputados de la esperada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida en el ámbito político como el paquete Malvinas. Tras varios días de un hermético trabajo técnico, el texto fue cargado en el sistema de Gestión Documental Electrónica para dar inicio formal a su recorrido parlamentario.
El proyecto, anunciado originalmente por el presidente Javier Milei a principios de mes, se consolidó tras una serie de debates internos sobre los tiempos de presentación. De hecho, el propio mandatario había descartado tratar la iniciativa de forma apresurada en el recinto semanas atrás, priorizando que la redacción final reuniera herramientas económicas, diplomáticas y de seguridad bien articuladas, antes de que el borrador llegara a manos de los negociadores legislativos.
Uno de los ejes centrales del proyecto apunta directamente al control de los recursos naturales en el Atlántico Sur. El articulado establece un endurecimiento de las medidas contra aquellas empresas que operen en las islas sin autorización argentina. Si bien el Gobierno ya había avanzado sobre el sector hidrocarburífero con el reciente Decreto 868/2026 para frenar el proyecto petrolero británico Sea Lion, esta nueva ley busca ampliar el margen de acción sancionatorio hacia la pesca, la minería y otras actividades productivas.
En materia de defensa estratégica, la iniciativa propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y un régimen específico para blindar la infraestructura crítica del país. Esto incluye establecer criterios rigurosos de protección para redes, centros de datos y telecomunicaciones, entendiendo a la seguridad con un enfoque moderno. Por otro lado, introduce modificaciones en la protección aeroespacial para agilizar los procedimientos ante aeronaves declaradas hostiles, reduciendo las zonas grises legales para el uso de la fuerza, aunque aclarando que no se trata de un aval para el derribo automático de vuelos irregulares.
A su vez, el proyecto contempla potenciar la vigilancia marítima integrando sistemas de radares, satélites e inteligencia de señales en torno a la Base Naval Integrada de Ushuaia, que funcionará como el nodo central del Estado. Cabe destacar que el Ejecutivo decidió finalmente excluir de este documento la reforma general a la Ley de Seguridad Interior y los cambios en el sistema de Inteligencia, temáticas que seguirán sus propios carriles de debate.
Con el ingreso formal del texto al Congreso, se abre una etapa de intensas negociaciones. La orden que bajó la Casa Rosada a sus referentes es cuidar el vínculo con los aliados y evitar que los bloques afines se enteren de los detalles técnicos a último momento.
En este sentido, el oficialismo tiene previsto iniciar rápidamente rondas de diálogo con el PRO, la Unión Cívica Radical y los bloques federales para explicar los alcances de la ley y receptar propuestas. Si bien en el Gobierno confían en que el reclamo por Malvinas logrará un acompañamiento político transversal, ya descartaron un tratamiento exprés: el objetivo primordial será consolidar los acuerdos previos y definir un cronograma sólido de comisiones antes de llevar la discusión al recinto.
