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En una extensa reunión a puertas cerradas, Javier Milei ordenó a ministros y legisladores no retroceder en el debate público ni admitir debilidades económicas. La postura inflexible profundiza roces internos con el ala política.
Durante un hermético encuentro de casi cinco horas en la Casa Rosada, Javier Milei brindó una estricta bajada de línea a su tropa parlamentaria y a los miembros del gabinete. El mandatario ordenó salir a dar la batalla cultural y rechazar cualquier deterioro económico en el debate público. Frente a una veintena de preguntas formuladas por sus propios legisladores, el Presidente negó una caída en la actividad, descartó la pérdida de empleo y refutó la pérdida de poder adquisitivo de los hogares.
La rigidez discursiva generó un marcado malestar entre varios dirigentes con recorrido político propio dentro del espacio libertario. Mientras las figuras novatas acataron la consigna de inmediato en redes sociales, los legisladores con mayor experiencia manifestaron su frustración ante la desconexión con la calle y la falta de autocrítica. El hermetismo del cónclave llegó al punto de prohibir el ingreso con teléfonos móviles para evitar filtraciones, lo que derivó en la rápida salida de figuras clave como Patricia Bullrich, quien minutos después marcó distancia pública en sus redes al pedir acelerar resultados.
A este escenario se suma una creciente falta de coordinación entre la conducción económica y los operadores parlamentarios. El envío del Presupuesto 2027 detonó alarmas al incluir la derogación de artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad a espaldas de la presidencia de la Cámara de Diputados y de la cartera sanitaria. Esta jugada puso en jaque las complejas negociaciones con bloques aliados, en momentos donde la Casa Rosada también busca reunir respaldo de los gobernadores provinciales para la obra pública y la suspensión de las PASO, una reforma que continúa empantanada en el Congreso ante la resistencia de Karina Milei a otorgar concesiones políticas.
En contraste con las trabas en el Parlamento, el oficialismo experimenta un llamativo avance en el plano judicial bajo la gestión del ministro Juan Bautista Mahiques. El Ejecutivo proyecta una profunda reorganización de la Justicia federal, que incluye achicar la estructura de Comodoro Py, reducir casaciones y crear juzgados en las provincias para acercar posiciones con los gobernadores. Al mismo tiempo, el kirchnerismo comenzó a mostrar una postura pragmática al habilitar el nombramiento de magistrados estratégicos, empujado por la delicada situación judicial de Cristina Kirchner y el inminente juicio oral en la causa Hotesur.
El relato del Gobierno afrontará un examen determinante con la publicación inminente de estadísticas oficiales. En las próximas jornadas se difundirán los indicadores del Producto Bruto Interno, las cifras de salarios, las ventas en supermercados y los datos de pobreza del primer semestre, mediciones que reflejarán con exactitud técnica si el programa económico mantiene sustentabilidad en la economía real.
