La comunidad académica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) lleva adelante este martes una masiva jornada de clases públicas frente a la Plaza de Mayo, el Ministerio de Economía y en diversas sedes académicas para exigir el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza, impulsada conjuntamente por el rectorado, los decanos de las trece facultades y las representaciones gremiales docentes y no docentes (ADUBA, APUBA y Feduba), incluye además la prestación de servicios comunitarios gratuitos como atención odontológica, médica, veterinaria, asesoramiento jurídico y orientación contable.

El cronograma de actividades al aire libre contempla exposiciones magistrales a cargo de las máximas autoridades de cada casa de estudios a lo largo de todo el día, abordando desde el impacto de los ajustes presupuestarios en ciencia y técnica hasta debates constitucionales y de salud pública. El eje del reclamo apunta a la inmediata aplicación de la normativa sancionada por el Congreso, que establece mecanismos de indexación automática de partidas contra la inflación, recomposiciones de haberes para el personal y partidas especiales para infraestructura, investigación y funcionamiento de los hospitales universitarios.

La pulseada judicial y presupuestaria se intensificó luego de que la administración central suspendiera la ejecución de la ley mediante el decreto 759/2025 bajo el argumento de la falta de financiamiento específico. Si bien a mediados de año se acordó una mejora paritaria del 24,33% y refuerzos extraordinarios para gastos operativos, el frente judicial se tornó adverso para el Ejecutivo tras el rechazo de la Corte Suprema a un recurso extraordinario del Estado, manteniendo plenamente vigentes las cautelares que ordenan actualizar los salarios y programas estudiantiles.

El conflicto sumó mayor presión legal en los primeros días de septiembre a partir de una resolución dictada por el juez federal Cormick, quien ordenó a la administración nacional transferir de forma inmediata los fondos retenidos para salarios, becas e investigación científica de la UBA. Desde los gremios universitarios advirtieron que la continuidad del ciclo lectivo y el sostenimiento de las actividades de extensión se encuentran en riesgo de no acatarse los fallos emitidos por los tribunales federales.