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Pese a las inhabilitaciones y al proyecto de ley anunciado por cadena nacional para castigar a firmas y directivos, el consorcio a cargo del yacimiento aseguró que las medidas no afectarán sus operaciones ni el cronograma previsto.
La disputa por los recursos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur ingresó en una fase de máxima fricción política y corporativa. Las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration respondieron públicamente a las advertencias lanzadas por el presidente Javier Milei durante su reciente cadena nacional y ratificaron la continuidad del proyecto petrolero Sea Lion, emplazado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. A través de un comunicado conjunto, las operadoras afirmaron que las sanciones anunciadas desde Buenos Aires no tendrán impacto material en sus planes y confirmaron que mantienen como meta iniciar la extracción de crudo en 2028.
La reacción de las compañías se produjo luego de que el jefe de Estado anticipara un endurecimiento de las penalidades comerciales y administrativas contra las firmas que operen directa o indirectamente en aguas disputadas sin aval de la Nación. En su alocución, el mandatario conminó a las empresas a elegir entre operar en territorio continental bajo reglas formales o avanzar con lo que catalogó como una actividad ilegal en un área en litigio. Frente a esto, las firmas defendieron la validez de los permisos otorgados por la administración colonial británica y remarcaron el respaldo continuo recibido desde Londres.
El consorcio —donde Navitas ostenta el 65% de participación y Rockhopper el 35% restante— consolidó a fines de 2025 la decisión final de inversión para poner en marcha la primera etapa de explotación mediante sistemas de pozos submarinos vinculados a una unidad flotante de almacenamiento y descarga (FPSO).
Inversión inicial: proyectan un desembolso cercano a los US$ 1.800 millones, con aproximadamente US$ 1.000 millones financiados mediante esquemas de deuda.
Potencial hidrocarburífero: estiman reservas probadas por 216 millones de barriles y recursos totales calculados en torno a los 603 millones de barriles.
Volumen productivo: estiman alcanzar una extracción diaria promedio de 55.000 barriles a partir de su entrada en régimen en 2028.
Ante el avance técnico en la cuenca, el Poder Ejecutivo prepara el envío del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, iniciativa que buscará modificar la Ley 26.659 para hacer extensivas las inhabilitaciones a empresas proveedoras de servicios logísticos, accionistas y miembros de directorios. Cabe recordar que Rockhopper ya había sido penalizada por la legislación argentina en 2013, mientras que en 2022 la Secretaría de Energía aplicó una sanción de 20 años de inhabilitación a Navitas.
La estrategia oficial se complementa con una asignación reforzada de fondos al Ministerio de Defensa para acelerar el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, concebida como nodo logístico y punto de control en el Atlántico Sur. El paquete impulsado por el Gobierno proyecta, asimismo, extender las restricciones hacia los sectores de la pesca, el turismo marítimo y la actividad ganadera, en un marco diplomático donde la Casa Rosada busca apalancarse en la revisión de postura insinuada desde Washington para presionar a Gran Bretaña.
