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Indican que esta ley no es para que las provincias adhieran, sino para que se aplique con prontitud.
Tal como indicó la diputada Claudia Najul (UCR) a través de estos arreglos se buscó garantizar que la ley se cumpla efectivamente, ya que hasta el momento se aplica parcialmente. "Uno de los aspectos más impotantes es que la ley es de orden público. No se precisa que las provincias adhieran sino que todas la deben aplicar", explicó la diputada Najul.
Vale indicar que durante el tratamiento de estas modificaciones hubo enfrentamientos entre "pañuelos azules" y "pañuelos verdes", es decir de aquellos que se opusieron a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) identificados como "Pro Vida" y quienes la apoyaban, respectivamente.
Los cambios a esta ley surgieron luego del debate dado en las cámaras de Diputados y Senadores respecto a la ley IVE donde se observó gran consenso entre ambas respecto a evitar abortos. "A ello debe sumársele la preocupación sobre las altísimas tasas de embarazo adolescente estables desde hace 10 años", señaló Najul.
La Ley es de orden público. Debe ser aplicada obligatoriamente en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.
Actualiza el lenguaje. Se utiliza con perspectiva de género, inclusiva y no discriminatoria.
Tiene en cuenta todas las leyes vigentes. Sobre todo las últimas sancionadas, como la ley del matrimonio igualitario, parto humanizado, prevención contra la trata y asistencia a víctimas, entre otros.
Debe estar incluida en la curricula de las escuelas de acuerdo a la edad. Los contenidos serán brindados por el Consejo Federal de Educación de acuerdo al nivel educativo y obligatorio para todas las escuelas.
Comisión interdisciplinaria. Deberá elaborar documentos orientadores con preguntas en las evaluaciones educativas para observar el nivel de conocimiento de los estudiantes.
Sistema de monitoreo. Para observar la aplicación del programa en cada provincia. Se elaborará un informe al congreso para controlar un efectivo funcionamiento.
