La iniciativa cosechó el voto favorable de Cambia Mendoza, Protectora, PI y el bloque del PJ, y votaron en contra el FIT y Unidad Ciudadana (UC).

El proyecto aprobado "prevé que esta acción procesal se concrete cuando se presuma que ciertos bienes han sido adquiridos tras la realización de los siguientes delitos: prostitución de menores, comercialización de pornografía infantil, proxenetismo, secuestros, fraude en la administración pública, asociación ilícita y otras formas de corrupción".
La iniciativa establece que los bienes recaudados obtenidos serán administrados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, mientras que los ingresos que lleguen a Rentas tras las subastas previstas serán destinados a la "construcción y reparación de escuelas públicas en la Provincia".
En caso de que la persona "sospechada sea declarada inocente, se le devolverá lo decomisado gracias a la creación de un Fondo de Garantía", añadió la norma.
Esta Ley, dispuso también que el plazo y cómputo de la prescripción se regirá por las disposiciones de la Ley de fondo y modifica aspectos del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia, Ley 9001, al que se le incorpora la "Prescripción Adquisitiva y Extinción de Dominio".
Durante el tratamiento en el recinto, el presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Jorge Albarracín (UCR), explicó que esta iniciativa "busca atacar a los delitos que tienen una ganancia económica".
"Se busca que una vez que la persona está imputada por un delito y se considera que hay determinados bienes que puede haber adquirido por esos delitos, se saca una compulsa para la justicia civil, y la justicia civil inicia una acción de extinción de dominio en donde el imputado tiene que demostrar como demandado, cómo esos bienes ingresaron a su patrimonio", explicó.
Por su parte, la diputada Macarena Escudero (FIT), fundamentó el voto negativo de su bloque al considerar que este proyecto "es parte de la campaña electoral del oficialismo", que se trata de un "proyecto viciado de inconstitucional" y que "ya existen herramientas legales" para estos casos.
En idéntico sentido se expresó Omar Parisi (UC), quien advirtió que "viola los derechos humanos y sobre la propiedad", así como "la presunción de inocencia".