El gobernador Alfredo Cornejo le solicitó  al Subsecretario de Justicia, Marcelo D"Agostino, que la provincia sea querellante particular en la causa que investiga el supuesto manejo fraudulento de fondos públicos provinciales para la construcción de viviendas sociales por intermedio de Cooperativas relacionadas con la Tupac Amaru.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio competencia a la Justicia provincial para que investigue el mencionado ilícito, ya que entendió que el perjuicio había sido contra el Estado provincial.

El Gobierno, como representante de todos los mendocinos, mostró especial interés en ser parte de esta causa con el fin de cooperar con el Ministerio Público Fiscal.

Según informaron, "entendemos que la provincia como representante de los intereses de los mendocinos tiene el deber de  colaborar en todo lo que sea necesario con la Justicia a fin de determinar quiénes son los responsables de este perjuicio al erario público provincial".