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La diputada suspendida negocia una condena abreviada para evitar la prisión en la causa de la cooperativa fantasma. Si el fallo fija inhabilitación para cargos públicos, la Cámara votará su expulsión definitiva y asumirá María Belén Castillo.
El pedido de juicio abreviado formulado por la diputada provincial suspendida Janina Ortiz y su pareja, el exintendente de Las Heras Daniel Orozco, abrió un nuevo escenario institucional dentro de la Cámara de Diputados de Mendoza. Ambos exfuncionarios comunales se encuentran imputados por el delito de peculado doloso, acusados de desviar unos 35 millones de pesos del erario municipal hacia la entidad Manos a la Obra en el expediente conocido como “Cooperativa Fantasma”. Las defensas negocian actualmente con el fiscal de Delitos Económicos, Juan Ticheli, los términos de una sentencia condenatoria que evite la reclusión penitenciaria efectiva, acuerdo que en caso de prosperar deberá ser homologado por un juez penal.
La eventual imposición de una condena reactivará el debate político en torno a la titularidad de su escaño. Ortiz no fue despojada de su condición de legisladora al inicio del proceso, sino que el plenario de la Cámara baja dispuso su suspensión preventiva en marzo de 2024 bajo el artículo 91 de la Constitución provincial, dejando la banca en suspenso pero sin declarar su vacancia definitiva a la espera del veredicto judicial.
El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, advirtió que si el fallo penal incluye una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, Ortiz quedará obligada formalmente a presentar la renuncia. En caso de no dimitir de manera voluntaria, el titular del cuerpo adelantó que la Legislatura tomará notificación del expediente judicial y activará una sesión para votar su exclusión formal, un paso para el cual ya estarían consolidados los dos tercios reglamentarios con los votos del oficialismo radical, el bloque del PRO e incluso de legisladores de La Unión Mendocina, fuerza por la que la exsecretaria comunal accedió a la lista electoral en los comicios de 2023.
La vacancia definitiva despejaría el ingreso formal de María Belén Castillo, dirigente del PRO que figura en el orden de sucesión de la boleta provincial luego del fallecimiento en 2025 del primer suplente libertario, José Caviglia. Si bien Castillo había intentado reclamar la asunción por la vía judicial en mayo pasado mediante una denuncia por abuso de autoridad que luego fue desestimada, la resolución del proceso penal destrabaría un conflicto de representatividad que mantuvo a la Legislatura mendocina funcionando con una banca menos durante más de dos años.
