El gobernador Alfredo Cornejo promulgó la modificación de la Ley 9.545 que amplía el alcance del Fondo Escolar Permanente, habilitando a la Provincia a destinar sus recursos al financiamiento de viviendas para docentes y celadores mendocinos. La normativa, que cosechó sanción definitiva en el Senado provincial con 25 votos favorables, un rechazo y siete abstenciones, crea un mecanismo para asociar el ahorro previo y los créditos hipotecarios con las operatorias de construcción tradicionales articuladas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y el sector privado.

La herramienta surge tras un diagnóstico oficial que detectó a unos 23.000 trabajadores de la educación con severos déficits de acceso al techo propio. Según detalló el ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, el objetivo primordial radica en utilizar el patrimonio acumulado como garantía financiera para reducir los requisitos de entrada a los préstamos bancarios y fomentar el desarrollo de nuevos loteos urbanísticos tanto en predios estatales como en terrenos aportados por empresas desarrolladoras.

Uno de los aspectos más destacados de la reforma reside en el esquema de fondeo, que faculta a la Dirección General de Escuelas (DGE) a vender, subastar o alquilar vehículos, materiales, terrenos e inmuebles operativos obsoletos, sumando además activos derivados de herencias vacantes y juicios de extinción de dominio. En la actualidad, el fondo cuenta con una base líquida superior a los $500 millones, a la que se integrarán los recursos que surjan del remate inminente de 12 inmuebles evaluados, estableciéndose por ley la inembargabilidad estricta de cualquier edificio escolar en actividad.

De acuerdo con las previsiones del Ejecutivo, las convocatorias de inscripción para titulares, suplentes y personal de maestranza se abrirían entre septiembre y octubre una vez seleccionados los proyectos habitacionales definitivos. Las condiciones particulares de adjudicación, la localización de los barrios y las cuotas de amortización se adaptarán a la tipología de las propuestas que apruebe el IPV, transformando activos improductivos del Estado en soluciones habitacionales e infraestructura educativa directa.