El entramado de recusaciones cruzadas y controversias corporativas que mantenía paralizado el fuero penal de la provincia de Mendoza sumó una definición institucional clave. Tras más de un mes de inactividad administrativa, el Tribunal Penal Colegiado resolvió ratificar a la conjueza María Jimena Pina González al frente del expediente contra el exsubsecretario de Justicia Marcelo D"Agostino, imputado por los presuntos delitos de coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego.

La resolución escrita, rubricada este martes 7 de julio de 2026 tras el cuarto intermedio de la audiencia del pasado viernes, llevó las firmas de los jueces Carmen Magro, Mauricio Juan y Fernando Martínez. El triunvirato determinó que no se acreditaron actitudes o intereses particulares de la magistrada ni elementos objetivos que justificaran un temor fundado de parcialidad, rechazando de este modo el planteo interpuesto por la abogada querellante María Elena Quintero, quien ya anticipó que recurrirá ante la Suprema Corte provincial.

Los fundamentos sobre la independencia y el Consejo de la Magistratura

La argumentación de la querella se sustentaba en que la condición de conjueza interina de Pina González, cuya estabilidad a largo plazo depende de la aprobación de los pliegos en el Senado provincial, la posicionaba en una situación de subordinación política respecto del entorno del imputado. El tribunal desestimó esta premisa señalando que D"Agostino dimitió a sus funciones públicas y al Consejo de la Magistratura al momento de radicarse la denuncia, por lo que carece de injerencia o poder institucional sobre los estamentos evaluadores.

El fallo de los magistrados remarcó además que el proceso de selección y designación de jueces en la jurisdicción local responde a un sistema complejo y colegiado donde intervienen universidades, legisladores y el colegio de abogados, impidiendo que un consejero determine de manera individual un nombramiento. En la misma línea, el tribunal citó la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la cual establece de forma taxativa que la postulación transitoria a un cargo permanente no configura por sí sola una causal de sospecha sobre la imparcialidad del juzgador.

El laberinto de inhibiciones y los vínculos entre magistrados

La confirmación de la magistrada -quien juró en su cargo interino el pasado 28 de mayo tras desempeñarse en la práctica independiente y como abogada particular de la jueza Eleonora Arenas- representa el cierre de un complejo circuito de apartamientos. Originalmente, la instrucción penal recayó en la propia Arenas, pero la querella objetó su intervención debido a un presunto vínculo de amistad con el imputado. Posteriormente, Arenas dejó vacante el juzgado al ascender al Tribunal Penal Colegiado N° 1 mediante la aprobación de su pliego en la Legislatura.

El posterior sorteo para resolver la recusación de Pina González desató nuevas tensiones en el Palacio de Justicia. La jueza María Belén Salido se inhibió tras la filtración de un chat privado de WhatsApp de magistrados operada por la defensa con la asistencia del juez Rafael Escot. Pocas jornadas después, la jueza Arenas declinó participar del tribunal invocando razones de violencia moral por la exposición mediática del caso, emergiendo el dato de que la conjueza recusada y su padre habían oficiado como sus defensores particulares en una causa civil previa de carácter familiar.

La conformación definitiva del triunvirato que dictó sentencia este martes demandó múltiples sorteos adicionales debido a las incompatibilidades del fuero. El juez Juan Manuel Pina González debió dar un paso al costado de forma inmediata debido a su lazo de parentesco directo como hermano de la conjueza interina. Con la incorporación definitiva del juez Fernando Martínez para cubrir dicha vacante, el cuerpo judicial destrabó la parálisis del legajo, aunque el anuncio de nuevas apelaciones preanuncia una continuidad del debate en las máximas instancias de la provincia.