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Mendoza
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El Gobierno de Mendoza autorizó el monto a la Asociación Cooperadora del Hospital Central. El objetivo es asegurar los tratamientos.
El Gobierno de Mendoza oficializó la entrega de más de $3.100 millones a la Asociación Cooperadora del Hospital Central con el objetivo de garantizar la continuidad de tratamientos para pacientes oncológicos y con VIH, además de regularizar deudas con proveedores de medicamentos e insumos médicos.
La decisión fue instrumentada mediante decretos firmados por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud, Rodolfo Montero, que autorizan la transferencia de recursos destinados a sostener el funcionamiento de dos programas sanitarios considerados estratégicos.
El principal desembolso quedó establecido en el Decreto N° 744, que habilita la transferencia de $2.955.724.459,68 al Programa Provincial de Apoyo al Paciente Oncológico. Según los fundamentos de la norma, el dinero permitirá cancelar obligaciones pendientes con laboratorios y droguerías encargados de proveer medicamentos oncológicos de alto costo a los efectores públicos.
El Ejecutivo sostuvo que esta asistencia financiera busca evitar interrupciones en la provisión de tratamientos y garantizar el acceso a la medicación para los pacientes que actualmente dependen del sistema público de salud.
En paralelo, el Decreto N° 779 autorizó un subsidio de $184 millones destinado al Programa Provincial de SIDA. Los recursos también serán administrados a través de la Asociación Cooperadora del Hospital Central y tendrán como finalidad cancelar deudas con proveedores para asegurar la continuidad de las prestaciones, los controles, las acciones de prevención y la entrega de tratamientos específicos para personas con VIH.
Los decretos establecen que la presidenta de la Asociación Cooperadora, Cecilia Raquel Elvira Larra, será la responsable de administrar e invertir los fondos. Asimismo, la entidad deberá presentar la rendición correspondiente ante la Subdirección de Auditoría del Ministerio de Salud y Deportes dentro de un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del dinero. En caso de incumplimiento, quedará inhabilitada para recibir futuros aportes estatales.
