El Gobierno de Mendoza tomó distancia del proyecto de ley que busca restringir el uso de celulares en las escuelas y defendió un enfoque basado en el uso pedagógico de la tecnología, en lugar de una prohibición generalizada.

El ministro de Educación y titular de la Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, recordó que la provincia ya tuvo una experiencia similar que no dio resultados.

"En 2008 se aplicó una ley de prohibir los dispositivos en las escuelas y no funcionó", aseguró el funcionario.

Desde la DGE sostienen que el eje no debe estar puesto en prohibir, sino en definir para qué se utilizan los dispositivos dentro del aula.

García Zalazar remarcó que actualmente se permite el uso pedagógico de los celulares porque la infraestructura tecnológica escolar todavía no está completamente desarrollada.

Según información oficial, solo el 30% de las escuelas de Mendoza cuenta con equipamiento completo, que incluye conectividad, aulas digitales móviles y dispositivos para docentes y estudiantes.

"Cuando no hay dispositivos disponibles, se hace uso pedagógico del celular", explicó el ministro.

Bajo esa lógica, consideró que una prohibición podría generar contradicciones. "Dar un mensaje ambiguo de prohibir para una cosa, pero permitirlo para otra, no es adecuado", analizó.

El Gobierno provincial apuesta a reducir la dependencia de los celulares mediante un plan de inversión lanzado el año pasado, financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El programa ya cuenta con aprobación legislativa y busca alcanzar al 100% de las escuelas con tecnología educativa.

El objetivo oficial es iniciar el ciclo lectivo 2027 con todas las instituciones equipadas o, al menos, alcanzar una cobertura de entre el 80% y el 100% durante el primer semestre de ese año.

Mientras tanto, la estrategia del Ejecutivo es sostener un uso regulado de los celulares en función de objetivos pedagógicos.

El rol de las escuelas y las familias

Otro de los planteos del Gobierno es que la regulación no debe ser uniforme ni exclusivamente normativa. Actualmente, cada institución define en sus acuerdos de convivencia cómo administrar el uso de celulares cuando no cumplen una función educativa.

"Las escuelas lo han resuelto de manera distinta", señaló García Zalazar.

El funcionario también destacó iniciativas familiares vinculadas al control parental y a la postergación del acceso a dispositivos.

"Estamos en contra de que los chicos tengan celular antes de los 13 años y acceso a redes sociales antes de los 16", afirmó.

Para el ministro, esas decisiones deben tomarse principalmente en el seno familiar, ya que son los adultos quienes proveen los dispositivos y tienen la responsabilidad de supervisar su uso.

La postura del Gobierno contrasta con la iniciativa presentada por la diputada provincial Griselda Petri, de la UCR, que propone restricciones más estrictas para el uso de celulares en escuelas públicas y privadas.

El proyecto plantea una prohibición casi total en los niveles inicial y primario durante toda la jornada escolar, salvo excepciones puntuales, y una restricción en secundaria durante el horario de clases, excepto para actividades pedagógicas.

En sus fundamentos, la iniciativa advierte sobre el impacto negativo de la hiperconectividad en niños y adolescentes, las dificultades para autorregular el uso de dispositivos y el aumento de problemáticas como el ciberacoso y las amenazas escolares.

También recuerda que en Mendoza más de 230 escuelas estuvieron bajo protocolo por amenazas desde abril de 2026, en muchos casos vinculadas a redes sociales y mensajería digital.

El expediente propone que el uso de dispositivos en el aula esté planificado, supervisado y comunicado a las familias, además de establecer la obligatoriedad de que cada institución regule la convivencia en torno a la tecnología.