El uso de celulares en las aulas volvió a instalarse en la agenda educativa de Mendoza. La diputada provincial Griselda Petri, de la UCR, presentó un proyecto de ley para regular y restringir el uso de dispositivos móviles en instituciones educativas de gestión pública y privada de toda la provincia.

La iniciativa, impulsada por la legisladora hermana del diputado nacional Luis Petri, apunta a responder a una preocupación creciente en torno al impacto de los celulares sobre la concentración de los estudiantes, los conflictos virtuales entre menores, el ciberacoso y los consumos problemáticos vinculados a la adicción a las redes sociales.

Desde la Dirección General de Escuelas, el organismo conducido por Tadeo García Zalazar, tomaron distancia de una prohibición total y plantearon una postura más cauta. Para la conducción educativa, el eje no debería estar solamente en permitir o impedir el uso de dispositivos, sino en establecer criterios claros para su utilización dentro de las escuelas.

"El desafío educativo no pasa simplemente por prohibir o permitir dispositivos, sino por definir criterios claros para su uso dentro de la escuela", señalaron desde la DGE.

El proyecto establece una diferenciación según el nivel educativo. En el Nivel Inicial y Primario, la restricción sería prácticamente total durante toda la jornada escolar. Solo se contemplan excepciones para estudiantes con discapacidad que necesiten el teléfono como herramienta de accesibilidad, situaciones de emergencia médica que requieran contacto con la familia o actividades pedagógicas específicas bajo supervisión docente.

En el Nivel Secundario, la restricción regiría de manera estricta durante las horas de clase, salvo cuando el uso del celular tenga un propósito pedagógico explícito. Fuera del aula, como durante los recreos, cada institución tendría margen para fijar sus propias normas de convivencia.

La propuesta no incorpora sanciones extraordinarias para quienes incumplan la norma. En cambio, se remite al régimen disciplinario ya previsto en la Ley Provincial Nº 7.861, que establece un esquema gradual orientado a restaurar el orden institucional y el clima de aprendizaje colectivo.

"No se trata de demonizar la tecnología. Los celulares son herramientas importantes", aclaró Petri. Sin embargo, sostuvo que su presencia desordenada en la escuela genera distracciones y puede alimentar conductas adictivas en edades críticas.

La diputada afirmó además que "la escuela tiene que ser un espacio capaz de proteger la atención, la conversación, el pensamiento crítico y los vínculos interpersonales; promoviendo la educación responsable acerca del uso de dispositivos tecnológicos".

Según Petri, el planteo se encuentra en línea con restricciones adoptadas durante los últimos tres años en países europeos, estados norteamericanos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras provincias argentinas.

El proyecto también alcanza a los docentes. De acuerdo con el texto, durante el dictado de clases, dentro o fuera del aula, el personal docente de nivel inicial, primario y secundario deberá mantener apagado su dispositivo móvil hasta la finalización de ese período, salvo en situaciones de emergencia o cuando sea utilizado con fines pedagógicos.

La DGE defendió el uso pedagógico de la tecnología

Desde la DGE remarcaron que existe una diferencia sustancial entre el uso recreativo o distractivo del celular durante una clase y su aplicación como herramienta de aprendizaje. En esa línea, señalaron que los estudiantes necesitan aprender a convivir con la tecnología y utilizarla de manera responsable, crítica y productiva.

"Una cosa es el uso recreativo o distractivo durante una clase y otra muy distinta es el uso pedagógico de la tecnología como herramienta de aprendizaje. Hoy nuestros estudiantes necesitan aprender a convivir con la tecnología y utilizarla de manera responsable, crítica y productiva", indicaron desde el organismo.

La conducción educativa también recordó que Mendoza ya trabaja con guías orientativas para docentes y familias, destinadas a ordenar el uso de dispositivos mediante acuerdos institucionales dentro de cada comunidad escolar.

Otro de los puntos centrales planteados por la DGE fue la brecha de conectividad. Según explicaron, aunque la inversión en infraestructura tecnológica en la provincia fue importante, actualmente alcanza al 30% de los establecimientos educativos.

En ese contexto, las autoridades señalaron que los celulares pueden cumplir una función igualadora, especialmente en las escuelas públicas. "Hasta no llegar al 100%, los dispositivos son un elemento igualador desde lo pedagógico, sobre todo en las escuelas públicas de la provincia", advirtieron.

Si bien la DGE dejó abierta la posibilidad de analizar la iniciativa legislativa, ratificó su posición general frente al debate: "Nuestra posición ha sido consistente. El objetivo no debe ser eliminar la tecnología de la escuela, sino enseñar a utilizarla de manera responsable, crítica y productiva".