· 
Mendoza
14°C
Federico Molas, de 4 años, necesita una medicación valuada en unos $2.000 millones. La Justicia ya impuso multas diarias al Ministerio de Salud por incumplir la entrega.
La Justicia Federal volvió a ordenar al Ministerio de Salud de la Nación que garantice la entrega urgente de un medicamento para Federico Molas, un niño mendocino de 4 años que padece un cáncer agresivo y lleva al menos tres meses sin recibir el tratamiento indicado.
El caso se tramita en el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, que ya condenó tanto a la prepaga Nobis como al Estado nacional a cubrir el 100% del tratamiento con Dinutuximab Beta, una medicación cuyo valor de mercado ronda los $2.000 millones.
Pese a las resoluciones judiciales, la medicación todavía no fue entregada. Por los incumplimientos, la Justicia impuso sanciones económicas que ya alcanzan los $1,8 millones por día, incluidos fines de semana.
La causa comenzó en febrero, cuando la familia presentó un amparo con una medida cautelar para acceder al tratamiento. En un primer momento, la demanda apuntó contra la prepaga, pero luego el Estado nacional fue incorporado como garante del derecho a la salud del niño.
Según explicó la abogada de la familia, Andrea Delfino, el Ministerio de Salud fue notificado formalmente el 8 de abril y tenía tres días para cumplir con la entrega.
Ese plazo venció sin que la medicación llegara. Desde entonces, la cartera sanitaria acumula incumplimientos, apelaciones y multas diarias cada vez más elevadas.
La representante legal remarcó que el niño atraviesa una situación crítica porque el tratamiento debería haber comenzado hace meses y actualmente no hay una terapia activa que ataque la enfermedad.
Ante la falta de respuesta, la defensa de Federico pidió avanzar con el embargo de cuentas del Estado nacional para poder adquirir la medicación de manera directa.
La solicitud se produjo después de que el Ministerio no respondiera un nuevo emplazamiento judicial para informar el estado del proceso de compra del medicamento.
Según la abogada, existe una licitación abierta desde el 28 de mayo y dos droguerías presentaron ofertas, pero la adjudicación todavía no fue definida.
La familia denuncia que no tiene acceso suficiente al expediente administrativo para saber por qué la compra está demorada ni quién debe tomar la decisión final.
Mientras tanto, el juez Pablo Quirós evalúa nuevas medidas para garantizar el cumplimiento de la orden judicial.
El caso mantiene en alerta a la familia y a sus representantes legales, que advierten que cada día sin tratamiento agrava la situación de Federico.
