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Mendoza
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Un dictamen de Fiscalía de Estado advirtió posibles irregularidades en la licitación que adjudicó la organización de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 a Estrella Eventos, la única empresa oferente.
La contratación de Estrella Eventos y Espectáculos S.A. para la organización de la Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 quedó bajo cuestionamiento luego de que un dictamen de la Fiscalía de Estado detectara posibles incumplimientos en el proceso licitatorio llevado adelante por la Municipalidad de Godoy Cruz.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el concejal peronista Martín González, quien advirtió que la empresa adjudicataria registraba una inhibición judicial al momento de participar en el concurso público. La firma fue además la única oferente y recientemente obtuvo otra contratación millonaria para la organización de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.
El eje de la discusión se centra en una disposición incluida en los pliegos de la licitación, que impedía participar a oferentes que estuvieran inhibidos o concursados civilmente por disposición judicial.
Durante el análisis del expediente, la propia Municipalidad reconoció que la empresa registraba una inhibición vigente en los registros correspondientes cuando se desarrolló el procedimiento administrativo. Para Fiscalía de Estado, esa situación debía haber sido considerada al momento de evaluar la oferta.
El organismo sostuvo que las condiciones fijadas en los pliegos resultan obligatorias tanto para los participantes como para la administración que impulsa la contratación. Por ello, advirtió que la comuna no podía aplicar de manera flexible una causal de exclusión que ella misma había establecido.
Además, el dictamen señaló que la adjudicación a una empresa alcanzada por esa condición podría afectar principios fundamentales de la contratación pública, entre ellos la igualdad de trato, la transparencia y la selección objetiva del contratista.
Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2025 murieron 137 personas en 122 accidentes de tránsito fatales en Mendoza. También aumentó la cantidad de lesionados.
Desde la Municipalidad de Godoy Cruz defendieron la legalidad del procedimiento y explicaron que la inhibición estaba vinculada a una deuda con la entonces AFIP correspondiente a 2023, la cual ya había sido cancelada por la empresa.
Según la respuesta oficial, Estrella Eventos acreditó el pago de la deuda y contaba con una orden judicial de levantamiento de la medida, aunque esa situación todavía no se encontraba reflejada en los registros consultados durante la licitación.
La comuna también argumentó que la firma estaba habilitada en el Registro de Proveedores, que la inhibición no implicaba una incapacidad legal para contratar con el Estado y que existían plazos ajustados para avanzar con la organización del evento.
Sin embargo, Fiscalía rechazó esos planteos al considerar que la discusión no gira en torno a la capacidad jurídica de la empresa, sino al cumplimiento de las condiciones específicas exigidas para participar del concurso.
La empresa encabezada por el empresario Iván Aruj se consolidó en los últimos años como uno de los principales proveedores de espectáculos y eventos masivos en Mendoza.
Su participación en contrataciones estatales cobró especial notoriedad tras adjudicarse la licitación integral de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, un contrato valuado en aproximadamente $2.200 millones, que contempla servicios de infraestructura, sonido, iluminación, pantallas, grupos electrógenos y sanitarios, entre otros.
La firma también intervino en ediciones anteriores de la Fiesta de la Cerveza y en diversos eventos organizados por municipios y organismos provinciales.
Aunque el dictamen no declara la nulidad de la contratación ni establece sanciones, sí deja planteadas dudas sobre el respeto de las reglas establecidas para el proceso licitatorio. Fiscalía recordó que, si la cláusula resultaba excesiva o inaplicable, debía haber sido modificada antes de la convocatoria y no después de conocida la identidad del oferente.
El organismo también señaló que las observaciones realizadas podrían derivar en futuras actuaciones del Tribunal de Cuentas o de la Oficina de Ética Pública, organismos con facultades para investigar eventuales irregularidades administrativas.
