La Fiscalía de Estado de Mendoza endureció los controles sobre sociedades, fideicomisos, asociaciones y otras figuras de derecho privado utilizadas por el Gobierno provincial para administrar fondos públicos, ejecutar políticas o gestionar contrataciones.

La medida fue formalizada mediante una resolución firmada por el fiscal de Estado Fernando Simón y apunta a transparentar el manejo de recursos públicos en estructuras que, aunque operan bajo normas privadas, cumplen funciones estatales o administran patrimonio provincial.

La resolución parte de un diagnóstico concreto: en los últimos años hubo una "tendencia sostenida" del Gobierno provincial a descentralizar funciones públicas mediante estructuras de derecho privado.

Según el texto oficial, estas herramientas pueden servir para agilizar y hacer más eficiente la gestión estatal. Sin embargo, Fiscalía advirtió que esa modalidad no puede quedar al margen de los controles institucionales previstos por la Constitución y las leyes provinciales.

El nuevo esquema establece que los entes alcanzados deberán enviar sus actuaciones a Fiscalía de Estado cuando las decisiones tengan relevancia económica o patrimonial, trascendencia institucional o complejidad jurídica.

Entre los casos que deberán pasar por revisión obligatoria aparecen operaciones financieras, toma de deuda, transferencias accionarias, inversiones, contratación de auditorías, distribución de dividendos, conciliaciones y actos de disposición patrimonial.

También quedarán bajo análisis las contrataciones que excedan el presupuesto habitual o que puedan generar controversias legales.

El objetivo es evitar controles posteriores que puedan derivar en nulidades, litigios o perjuicios económicos para el Estado. Por eso, Fiscalía sostuvo que el control preventivo resulta más eficiente para resguardar el patrimonio público y transparentar el uso de recursos provinciales.

La resolución también advierte que la falta de remisión de expedientes podrá derivar en responsabilidades administrativas, patrimoniales, civiles o incluso penales para funcionarios y autoridades intervinientes.

Además, los entes alcanzados deberán informar un domicilio legal electrónico. El fiscal de Estado también quedó habilitado para dictar normas complementarias específicas según la estructura y operatoria de cada organismo.

Qué empresas quedan alcanzadas

La medida se publica en un contexto en el que distintas sociedades estatales y estructuras mixtas ganaron protagonismo en áreas sensibles de la administración provincial, especialmente en infraestructura, financiamiento y contratación de servicios.

El nuevo régimen alcanza a empresas públicas, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem), Sociedades Anónimas del Estado, sociedades de economía mixta, sociedades del Estado, entes interestatales e interjurisdiccionales, y empresas o entes residuales.

Entre las firmas más conocidas que quedarían comprendidas aparecen la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (Emesa), Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima (Aemsa) y la Sociedad de Transporte Mendoza (STM), entre otras.

Con esta resolución, Fiscalía de Estado busca reforzar su rol de control preventivo sobre estructuras que administran fondos públicos, aunque funcionen bajo reglas de derecho privado.

La decisión también abre una nueva etapa en la relación entre el organismo de control y las empresas vinculadas al Estado provincial, que deberán ajustar sus circuitos internos antes de avanzar con decisiones sensibles desde el punto de vista económico, jurídico o patrimonial.