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El fiscal general adjunto Gustavo Pirrello debe resolver si habilita imputaciones penales contra la conducción de Aysam por los desbordes cloacales y la contaminación ambiental en Guaymallén.
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La causa por los desbordes cloacales y la contaminación ambiental en Los Corralitos, Guaymallén, entró en una etapa decisiva. Este martes, el fiscal general adjunto Gustavo Pirrello deberá definir si habilita el avance de imputaciones penales contra Humberto Mingorance y parte de la conducción de Aysam.
La decisión es seguida de cerca en el ámbito judicial y político, ya que el expediente apunta directamente contra la cúpula de una de las principales empresas estatales de Mendoza.
El planteo de los investigadores alcanza al presidente de Aguas Mendocinas, al vicepresidente, directores y gerentes por los vuelcos cloacales registrados en Guaymallén, especialmente en la zona de Severo del Castillo y 2 de Mayo.
También podrían quedar alcanzados responsables técnicos y operativos vinculados al manejo del sistema cloacal.
En un expediente convencional, las imputaciones probablemente ya se habrían formalizado. Sin embargo, la legislación del Ministerio Público Fiscal de Mendoza prevé mecanismos de revisión y consulta interna cuando los investigados ocupan cargos públicos o tienen responsabilidad institucional. Por eso, el avance de la causa requiere una validación superior.
La investigación se originó a partir del colapso de la Colectora Máxima Noreste, un conducto clave que transporta líquidos cloacales de unas 600.000 personas del Gran Mendoza, incluyendo sectores de Luján, Maipú, Guaymallén y parte de Godoy Cruz.
Según el expediente, las fallas en el sistema derivaron en desbordes de aguas servidas, vuelcos clandestinos sobre canales de riego y descargas cloacales en la vía pública.
Vecinos de Los Corralitos vienen denunciando desde hace tiempo olores nauseabundos, anegamientos y contaminación en zonas productivas y residenciales.
El caso tomó mayor dimensión tras la incorporación de informes técnicos. Uno de ellos, elaborado por especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo, detectó presencia de Escherichia Coli y altos niveles de contaminación en canales y perforaciones de agua de la zona afectada.
También se sumaron informes sanitarios oficiales que advirtieron sobre posibles riesgos epidemiológicos y sobre el contacto con agua contaminada en áreas agrícolas y poblacionales alcanzadas por los vuelcos.
El expediente también incluye actuaciones del Departamento General de Irrigación, que sancionó a Aysam con una multa de $120 millones tras constatar vuelcos de efluentes cloacales sin autorización sobre el canal Ramo 12, perteneciente al sistema Vertientes Corralitos.
Irrigación calificó el episodio como de "gravedad excepcional", aplicó el máximo nivel sancionatorio previsto por la legislación provincial y sostuvo que la conducta de Aysam fue "reiterada, dolosa y agravada".
Según el organismo, existieron múltiples factores agravantes, entre ellos daño ambiental, contaminación de cauces públicos, intervención sobre infraestructura hídrica y reiteración de maniobras ilegales.
Desde Aysam rechazaron la sanción administrativa. La empresa sostuvo que las maniobras se realizaron en un contexto de emergencia operativa provocado por el colapso del sistema cloacal y anticipó que recurrirá a la Justicia para intentar frenar la medida.
En paralelo, los fiscales Gabriel Blanco y Sebastián Capizzi avanzaron con un dictamen en el que sostienen que existen elementos suficientes para investigar posibles responsabilidades penales de la conducción de Aysam.
Los investigadores señalaron que los efluentes cloacales pueden ser considerados residuos peligrosos, por contener sustancias infecciosas y microorganismos capaces de provocar enfermedades en animales o personas.
Blanco y Capizzi entienden que los presuntos ilícitos deberían atribuirse inicialmente al presidente, vicepresidente, directores, gerente general y gerente de Operaciones del Gran Mendoza, por su intervención funcional en los hechos investigados.
Mientras tanto, en el plano político, distintos funcionarios buscaron despegar a la actual conducción de Aysam de una responsabilidad exclusiva.
El superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, reconoció la gravedad de los vuelcos cloacales y defendió la sanción aplicada, aunque sostuvo que el sistema sanitario arrastra décadas de falta de inversión.
En la misma línea, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, afirmó que el departamento "es víctima" de una problemática estructural y que la crisis excede a la actual gestión de Aysam.
La definición de Pirrello será clave para saber si la causa avanza hacia imputaciones penales contra la conducción de la empresa estatal o si el expediente queda limitado, por ahora, al plano administrativo y técnico.
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