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Mendoza
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Seis empleados estatales de Mendoza fueron despedidos tras comprobarse casos de abandono de trabajo, la presentación de certificados médicos falsos y la existencia de condenas penales, en una decisión oficial que busca mejorar la conducta laboral en el sector público.
El Gobierno de la provincia de Mendoza confirmó el despido de seis empleados públicos que habían sido detectados en situaciones irregulares, incluyendo abandono de tareas, presentación de certificados médicos falsos y la existencia de condenas penales vigentes que afectaban su continuidad en el empleo estatal.
La decisión fue adoptada por las autoridades provinciales luego de una investigación administrativa interna que determinó que estos trabajadores no cumplían con sus obligaciones laborales y que, en varios casos, habían falseado documentación para justificar ausencias prolongadas.
Entre las irregularidades acreditadas se encuentra la presentación de certificados médicos falsificados, que se utilizaban para justificar ausencias injustificadas del trabajo. Según el informe oficial, estos documentos no tenían validez médica y fueron elaborados con la intención de mantener derechos laborales sin cumplir con la prestación efectiva del servicio.
Además, a algunos de los despedidos se los imputó por abandono de trabajo, al no presentarse a sus tareas durante un tiempo prolongado sin causa legítima ni comunicación formal, lo cual viola las normas del empleo público y genera perjuicio a la administración estatal.
En varios casos también se constató que los empleados estatales contaban con condenas penales firmes cuya existencia debería haber sido reportada y analizada al momento de su ingreso o durante su desempeño laboral. La normativa vigente establece incompatibilidades para mantener la relación laboral con el Estado ante este tipo de situaciones, lo que motivó la intervención y el despido de los trabajadores involucrados.
La medida fue calificada por autoridades provinciales como una acción de fortalecimiento del control interno y de la ética en el empleo público, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión de recursos humanos del Estado mendocino.
Voceros del Gobierno expresaron que estos casos reflejan la necesidad de reforzar los mecanismos de monitoreo y verificación de documentación laboral, así como de aplicar sanciones firmes ante irregularidades que atenten contra el funcionamiento de la administración pública.
Las autoridades adelantaron que se reforzarán los controles administrativos y de salud laboral para evitar la repetición de casos similares, incluyendo la revisión más estricta de certificados médicos, comunicaciones de ausentismo y antecedentes penales de quienes ingresan o se desempeñan en el servicio público.
Organismos gremiales y representantes de trabajadores expresaron diferentes opiniones, con algunos respaldando la medida como un impulso a la conducta responsable, mientras que otros solicitaron criterios uniformes y la consideración de situaciones particulares antes de aplicar sanciones tan severas.
