La imputación de la funcionaria lasherina se concretará en el Polo Judicial recién cuando se presente a declaración indagatoria ante Gabriel Blanco, el fiscal de Delitos No Especializados que recibió la grabación y las denuncias contra ella y otra mujer, a la que acusó de haberle mostrado un arma de fuego para exigirle el audio.

La previa ha sido, en los últimos días, un cruce de opiniones y criterios jurídicos entre Blanco, su jefe -el Fiscal Sebastián Capizzi- y la procuradora adjunta María Paula Quiroga, quien zanjó la disputa y decidió que Ortiz sea imputada.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos tribunalicios que hizo Diario UNO, una vez avanzada la pesquisa, Blanco pidió instrucciones procesales a Capizzi sobre qué hacer con la situación de Janina Ortiz; práctica que es habitual cuando se trata de casos judiciales complejos.

Con el expediente y las pruebas en la mano, Capizzi consideró que a la pareja del intendente de Las Heras debía tomársele una declaración informativa: un estado intermedio entre testimonial e indagatoria como una forma de tener a la lasherina "en capilla" aunque no ajustada a proceso directamente.

Y así lo fundamentó, con fuertes términos:

"Teniendo en consideración la obligatoriedad de la instrucción pronunciada por la Fiscal Adjunta en lo Penal corresponde proceder a formular una imputación de acuerdo con los elementos de convicción incorporados" "Teniendo en consideración la obligatoriedad de la instrucción pronunciada por la Fiscal Adjunta en lo Penal corresponde proceder a formular una imputación de acuerdo con los elementos de convicción incorporados"

"De todas formas, insisto en la inconveniencia de imputar formalmente en este estado de la investigación, cuando aun faltan incorporar pruebas documentales y producir testimoniales que resultarían relevantes para formular una hipótesis de acusación sólida, con un contenido confiable, plausible y verificable, por lo que dejo expuesta mi posición personal de total desacuerdo con la medida ordenada" "De todas formas, insisto en la inconveniencia de imputar formalmente en este estado de la investigación, cuando aun faltan incorporar pruebas documentales y producir testimoniales que resultarían relevantes para formular una hipótesis de acusación sólida, con un contenido confiable, plausible y verificable, por lo que dejo expuesta mi posición personal de total desacuerdo con la medida ordenada"

Con todo, el fiscal jefe mandó la causa a Quiroga, quien está a cargo interinamente por licencia por razones de salud del procurador adjunto en lo Penal Gonzalo Nazar.

Así fue que la magistrada, quien se desempeña como jefa de los fiscales de Robos y Hurtos, consideró que a Janina Ortiz, por su carácter de funcionaria pública, no le cabe la posibilidad de una declaración informativa sino la imputación por el delito de coacción. Y que a partir de entonces tendrá la posibilidad de ejercer su derecho a defenderse.

En el avoque -documento que registra los fundamentos de la imputación contra Ortiz-, Capizzi dejó claro y por escrito que está en desacuerdo con la decisión de Quiroga, lo que no cayó muy bien en la cúpula del Poder Judicial. Y lo explican así: no ha sido la primera vez ni será la última que un magistrado está en desacuerdo con el criterio que impone un superior, pero de ahí a plasmarlo en un decreto de avoque hay mucha diferencia.

El escándalo político-judicial en Las Heras comenzó hace un mes cuando una mujer entregó a la Justicia un audio que revela una posible trama de corrupción con fondos municipales que tiene en la mira al funcionario Osvaldo Oyhenart.

Se profundizó cuando la mujer que se encontró con Oyhenart denunció a Janina Ortiz y a otra mujer por haber sido obligada a reunirse con el hombre, a grabar el encuentro y a entregarles el audio de todo lo conversado.

El martes 20 de junio Ortiz denunció que fue golpeada en Guaymallén por un hombre que le gritó que levantara una denuncia contra Francisco Lo Presti, ex hombre de Orozco que se convirtió en candidato a intendente del cornejismo.

La semana pasada, la mujer declaró por esa agresión en la Justicia y consideró que todo este cúmulo de hechos es fruto de un entramado político y mediático alentado desde el cornejismo.

La Justicia también investiga, desde la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, a Oyhenart y a un yerno -Juan Pablo Pandolfi- por el funcionamiento y financiamiento de cooperativas de trabajo que recibieron, según la denuncia, una fuerte cantidad de dinero de la comuna de Las Heras.

Fuente: Diario UNO