Un abogado, un policía y otras dos personas fueron detenidas en Mendoza en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita que se dedicaba a cobrar coimas a presos a cambio de recibir beneficios, y la Justicia ordenó la inmediata inhibición general de los bienes personales del juez federal Walter Bento, a quien se lo considera como jefe de esa organización delictiva.

Fuentes judiciales aseguraron a Télam que los nuevos detenidos quedaron a disposición del juez federal a cargo de la causa, Eduardo Puigdéngolas, mientras que la policía aún busca a un quinto sospechoso por quien se pidió la detención y que se encuentra prófugo.

“Ya hay 23 personas involucradas (nueve de ellos detenidas) acusadas de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito con distintos grados de vinculación”, dijo uno de los investigadores.

Los nuevos allanamientos fueron realizados en las últimas horas tras una orden del juez Puigdéngolas, y fueron detenidos el abogado Jaime Alba, acusado de ser uno de los organizadores de la asociación ilícita; el policía José Gabriel Moschetti; Walter Costa Sgró y Alfredo Rodolfo Aliaga.

Este último es padre del exdespachante de aduanas Diego Aliaga, apuntado como intermediario en la organización de la banda y quien fuera secuestrado y asesinado el año pasado y quien para la fiscalía era "hombre de confianza del juez federal para el arreglo de causas a cambio de sobornos".

En tanto, también se pidió la detención de Rosa Isabel Fernández Morales, quien estaría en Chile y se pedirá en las próximas horas la captura internacional.

Además de estas cinco personas, el juez Puigdéngolas imputó a otras ocho personas aunque sin prisión preventiva, entre ellos los abogados Javier Leónidas Angeletti y el defensor oficial Jorge Miranda; y el policía Martín Rodolfo Bazán.

A principios de mayo pasado, el titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza, Walter Bento (58), con competencia federal, fue imputado por ser considerado jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis hechos de cohecho pasivo (haber aceptado coimas).

Si bien la Justicia pidió la detención del juez Bento, la misma no pudo llevarse a cabo porque el magistrado aún ostenta fueros.

La fiscalía indicó que el "objetivo principal" de la asociación ilícita "era lograr a través del pago de un soborno la libertad espuria de personas detenidas a disposición del Juzgado Federal 1 de Mendoza o su desvinculación del proceso".

El expediente está en manos del juez Puigdéngolas, quien delegó la instrucción en el fiscal mendocino Dante Vega.

Fuentes judiciales aseguraron que en las últimas horas, la Justicia ordenó también la inhibición de los bienes, propiedades y vehículos tanto de Bento como de su esposa y también imputada Marta Boiza, y de sus hijos Nahuel, Luciano y Facundo.

En tanto, mientras avanza la investigación, el abogado de Bento, Mariano Cúneo Libarona, ya solicitó copias del expediente y anticipó a la prensa que su defendido podría declarar en los próximos días, dado la apertura del secreto del sumario.

La investigación se inició luego de que la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza remitiera para su investigación las constancias de un peritaje al teléfono de un detenido por narcotráfico en el que aparecían mensajes con su abogado que daban cuenta de la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre liberación de personas detenidas a disposición del juez Bento.

A partir de allí, se inició la investigación de los abonados que surgían del peritaje donde se supo que en numerosos mensajes de texto y de voz se alude al “juez”, al “número 1” o al “gran jefe”, en referencia al magistrado ahora imputado.

En tanto, la investigación en el seno del Consejo de la Magistratura para definir la continuidad o no de Bento a cargo del juzgado, está demorada.