Se trata de Javier Santos Ortega, quien fue el único en declarar ante la Justicia (los demás detenidos se negaron) y admitió en su indagatoria haber pagado 722 mil dólares para ser beneficiado con una resolución judicial que le permitía salir de prisión, dijeron las fuentes judiciales.

El acusado declaró ante el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéndolas y el fiscal general Dante Vega, quienes tienen a su cargo la investigación que tiene a Bento como imputado, aunque sin prisión preventiva porque tiene fueros.

En el marco de esta misma causa, se encuentran detenidos tres abogados y otras cinco personas, entre ellas Ortega, como sospechosos de integrar la asociación ilícita.

Los investigadores determinaron que el juez federal Bento (58) y su esposa, Isabel Boiza, ambos imputados en la causa sin prisión preventiva, utilizaron su sociedad conyugal "para adquirir" inmuebles "y realizar conjunta o alternativamente numerosos traslados al exterior sin justificación alguna", y utilizaron a dos de sus tres hijos "para canalizar el dinero hacia emprendimientos comerciales y económicos y para que figuren como titulares de bienes".

En mayo de 2019, Ortega había sido detenido por el contrabando de calzado y prendas de ropa -valuados en 206 millones de pesos-, pero luego recuperó su libertad gracias a fallos del juez Bento que, según la Fiscalía, fueron conseguidos a cambio de coimas.

En su detención, había contratado a Martín Ríos y Matías Aramayo como sus defensores que lograron su libertad, y quienes hoy son dos de los tres abogados detenidos en esta megacausa.

Hasta ahora, la causa tiene 15 imputados, entre ellos Bento y su esposa, y hay nueve detenidos que son los tres abogados del foro local Matías Aramayo, Martín Ríos, Luciano Ortego, quienes fueron imputados por la asociación ilícita y cohecho activo en seis hechos; y otras seis personas quienes oficiaban de sobornadores, acusadas de cohecho activo agravado.