Se trata del segundo juicio, luego de que, a fines de noviembre del 2019, el sacerdote Horacio Hugo Corbacho fuera condenado a 45 años de prisión, el cura italiano Nicola Corradi (83) recibiera una pena de 42 años y el exempleado Armando Gómez, 18 años.

Este nuevo juicio unifica tres causas y son nueve las personas imputadas en delitos que van desde el abuso sexual agravado y corrupción de menores a la participación por omisión.

La monja japonesa Kumiko Kosaka (46) , acusada por los delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y partícipe primaria por omisión, es la única imputada que llega al juicio con prisión preventiva domiciliaria, mientras que el resto están en libertad.

Completan la nomina de imputadas la monja Asunción Martínez (53), la representante legal Graciela Pascual (65), las exdirectoras Gladys Pinacca (66), Valeska Quintana (48), Cristina Leguiza (50) y Laura Gaetán (60), la psicóloga Cecilia Raffo (43) y la cocinera Noemí Paz (63) acusadas como partícipes necesarias y/o secundarias por omisión.

"Va a ser un proceso largo y difícil para las víctimas: tener que volver a declarar en muchos casos y revivir su dolor. Entendemos que las pruebas son suficientes para llegar a una condena al final del debate y nuevamente, como sucedió en el primer juicio, esta condena sea histórica y reparadora para ellos y ellas", explicó Lucas Lecour, uno de los abogados querellantes y presidente de la organización de Derechos Humanos Xumek.

Esta previsto que el juicio se inicie este lunes 3 de mayo a la 8 y en total, solo podrán estar presentes 25 personas dentro de la sala 4 del fuero penal colegiado, debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, informaron las fuentes judiciales.

Según detallaron desde el Poder Judicial, en este juicio deberán producirse 52 cámaras Gesell y, luego, ver si, de los planteos que surjan, deben declarar.

En un primer momento se fijaron audiencias de debate hasta octubre, aunque no se descarta que el juicio pueda extenderse

Desde Xumek sostienen que "el juicio a las mujeres imputadas busca arrojar luz y justicia a una red escabrosa de complicidad y silencio" y destacan que "la vulneración a los sobrevivientes del Próvolo y sus familias continúa hasta hoy, dadas las dilaciones y ocultamientos que sostiene la Iglesia e involucra incluso al Vaticano".

El caso Próvolo inició su proceso judicial en noviembre de 2016 y rápidamente escaló a una megacausa, con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto, perpetuados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos que asistieron al establecimiento entre 2005 y 2016.

Las condenas contra los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho fueron históricas porque recibieron las penas más altas impuestas a integrantes de la Iglesia Católica.

La Corte Suprema de Justicia de Mendoza ratificó en septiembre las condenas a 45 y 42 años de prisión para Horacio Corbacho y Nicola Corradi, y al ex empleado Armando Gómez, quien recibió 18 años.