El caso comenzó en noviembre de 2020, en Tunuyán, departamento del Valle de Uco mendocino, cuando el maltarato y heridas que sufrió el perro llamado "Felipe", fue filmado por los vecinos y se viralizó por las redes sociales.

Natalia Franco, una docente de 43 años que ató a su perro a su vehículo, un Peugeot 206, y lo arrastró por siete cuadras a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, estaba imputada por maltrato animal, un delito que tiene penas de hasta un año de prisión.

Si bien el delito es excarcelable, el juez Fernando Ugarte decidió ofrecerle una "probation" por la ausencia de antecedentes, dio la custodia de Felipe en forma definitiva a su nueva familia adoptante, y ordenó que la imputada entregue 1.000 kilos de alimentos para perros a la agrupación "S.O.S Patitas en la Calle".

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Jael Palma, uno de los referentes de la agrupación proteccionista, posteó en su cuenta de Facebook, en relación a la audiencia por el caso de Felipe, que "se le dio la suspensión del juicio a prueba, un beneficio que está regulado por el artículo 26 y 30 del código procesal penal".

"Felipe ya queda bajo custodia definitiva, y por otro lado el juez ordena que esta persona entregue 1.000 kilos de alimento para perros a la agrupación S.O.S Patitas en la Calle. Es una resolución ejemplar y sin precedentes en el Valle de Uco. Sé que esperamos penas más severas, lamentablemente hasta que la Ley de Maltrato Animal no sea modificada será difícil conseguir más", agregó.

El proteccionista también agradeció "al juez Fernando Ugarte por haber puesto el corazón en este caso, gracias al fiscal y abogados Emi Mainente Bressan y Facundo Vergara, por involucrarse en la causa. Trabajo ejemplar"