En Mendoza desde que volvieron las clases presenciales en Mendoza 261 alumnos se contagiaron con coronavirus mientras que más de 750 trabajadores de la educación también se infectaron, según informó el pasado jueves la ministra de Salud de nuestra provincia Ana María Nadal.

La funcionaria detalló también que existen actualmente 188 burbujas con alumnos y alumnas aislados. Es decir personas que estuvieron en contacto con un caso positivo y fueron protegidas para evitar la propagación. En tanto, se han recuperado 326 burbujas.

En tanto, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza pidió al Gobierno la suspensión de las clases presenciales de forma transitoria y la puesta en marcha de medidas que permitan, de forma remota, garantizar el derecho a la educación.

El SUTE, a comienzos de febrero de este año, difundió un informe de riesgo epidemiológico elaborado por especialistas que daba cuenta de que los niveles de transmisión eran altos en el Gran Mendoza y en el Valle de Uco. De acuerdo a los criterios que del Consejo Federal de Educación, las clases no debían comenzar en esas zonas.

También se denunciaron falencias en los protocolos y en las adecuadas condiciones edilicias para aplicarlos.

Por su parte, la conducción del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) señaló su "enorme preocupación" ante "el aumento exponencial de contagios por coronavirus y su directa repercusión en las escuelas nacionales", y ratificó que las clases presenciales solo son posibles "si se garantiza la salud y seguridad de la comunidad educativa".

Un documento del gremio que conduce en todo el país Jorge Kalinger afirmó que para ello es preciso cumplir "las actas paritarias de 2020-21, los protocolos nacionales y jurisdiccionales y las resoluciones del Consejo Federal de Educación (CFE), y también el monitoreo de las condiciones epidemiológico-sanitarias para evaluar de manera permanente y oportuna las decisiones adoptadas y realizar los ajustes necesarios".

El Sadop, que representa a más de 70 mil afiliados en todo el territorio nacional, exigió a los empleadores de gestión privada el cumplimiento del deber de garantizar la seguridad, a lo que están "legalmente obligados", y de los protocolos vigentes; la protección integral de los docentes; la salubridad en los establecimientos y el otorgamiento a los trabajadores del material de protección personal para "el ejercicio cuidado de la actividad cotidiana".