Se trata de la operadora Soledad Herrera, quien fue imputada por el fiscal de Delitos No Especializados de Mendoza, Jorge Calle, por el delito de “abandono de persona en contexto de violencia de género en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Según la investigación, Herrera recibió el llamado de un vecino que alertaba sobre un caso de violencia de género y la sospecha de los pesquisas es que si la operadora hubiese dado curso al pedido de auxilio, la adolescente podría haber salvado su vida.

En tanto, la fiscal de Homicidios de Mendoza, Claudia Ríos, solicitó la prisión preventiva de Pablo Arancibia (33), el hombre detenido como sospechoso de haber asesinado a la adolescente.
El hecho ocurrió el sábado 12 de diciembre, cuando la adolescente visitó la casa de Arancibia en la localidad de Maipú, a quien había conocido por la red social Instagram, y desde entonces no se la vio más.

Cinco días después, la víctima apareció asesinada y su cuerpo presentaba golpes, lesiones cortantes y además fue parcialmente quemada, según los resultados preliminares de la autopsia.
Este mediodía, en conferencia de prensa, la fiscal Ríos informo que “se solicitó el pedido de sobreseimiento de Micaela Méndez (27) y la prisión preventiva de su pareja Pablo Arancibia (33), que se llevará en audiencia pública el 29 al mediodía”.

Ambos habían sido imputados inicialmente por el delito de femicidio en grado de coautoría, que prevé una pena de prisión perpetua, unas horas antes del hallazgo del cadáver de Florencia en un canal de riego de la localidad de Maipú.
La pareja fue detenida unos días después de la desaparición, cuando la adolescente era intensamente buscada.
La fiscal Ríos indicó que “el forense aún no informó ni determinó la causa de muerte de la chica y aún no se sabe si se puede determinar la hora dado el estado del cuerpo”.

Asimismo, informó que el imputado "tomaba una medicación que los primeros días de detención dejó de tomar y sufría de una ideación suicida, por lo cual fue trasladado a un hospital neuropsiquiátrico donde fue compensado y regresado a la penitenciaria”.

En tanto, la familia de Florencia se constituyó hoy como querellante en la causa a través del abogado Cristian Vaira Leyton, quien explicó que "la responsabilidad de Estado es enorme", a raíz de la desatención de la operadora del 911.
"Se le quitó la chance de que Florencia estuviera viva y eso es imperdonable. Nosotros vamos a buscar a los responsables y vamos a llegar hasta el final”, dijo el letrado.