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El Gobernador Rodolfo Suarez participó del encuentro durante su apertura debido a que esta iniciativa formó parte de una de sus promesas de campaña. La ley con la que se sancionó la constitución del organismo fue aprobada el 28 de junio de este año en la Legislatura provincial.

Luego de la constitución de este órgano consultor, los integrantes del Consejo comenzarán a discutir el camino para llegar a “la Mendoza que queremos dentro de 30 años”. Serán 86 personas, entre empresarios, sindicalistas, partidos políticos, credos, el poder judicial, legislativo y ejecutivo entre otras organizaciones de la sociedad civil las que se congregarán en el Auditorio Ángel Bustelo, para dar comienzo a la primera sesión.

“Ahí está toda la sociedad representada. Que vengan los de la Asamblea del Agua y debatan, que vengan los sindicatos, los viñateros, las cámaras empresarias y digan lo que hay que decir”, dijo Suarez tras invitar a todos los mendocinos a sumarse.

El espacio actuará como entidad consultiva, con representación de todos los actores de la sociedad civil para avanzar en temas y políticas transversales a los mendocinos.

“Es un momento en el que necesitamos también instituciones públicas sólidas, aunque permeables a la inteligencia colectiva, para enriquecer las decisiones políticas. Sé que esto necesita de grandes consensos colectivos que mi gobierno de diálogo está dispuesto a propiciar y liderar, convocando a todos los sectores a discutir el futuro de Mendoza más allá de la crisis que atravesamos”, expresó el Gobernador durante la asamblea del 1º de mayo.

Este organismo tendrá vinculación con el Ejecutivo provincial a través de los ministerios de Economía y Energía y de Gobierno, Trabajo y Justicia. El ministro Ibañez será el presidente del espacio mientras que el ministro Vaquié el vice.

La función del Consejo, además del debate y aporte de ideas será la emisión de opiniones no vinculantes, a requerimiento de alguno de los poderes del Estado, sobre proyectos de ley a ser sancionados por el Poder Legislativo, y sobre aquellos proyectos de decretos a ser dictados por el Ejecutivo, siempre y cuando estos sean remitidos para su consulta.

También será su tarea, la elaboración de informes, la suscripción de acuerdos de cooperación con organismos nacionales e internacionales, consultas a organismos especializados, la proposición de proyectos de impacto ambiental, social y económico, la invitación a funcionarios para expongan ante el plenario o las comisiones y la elaboración de un informe anual sobre la situación socioeconómica o ambiental de la provincia.