"Amenazas de muerte, vandalismo e intolerancia política contra el peronismo en la tierra de nadie. Por cuarta vez en el año atentan contra la sede del PJ Mendoza", manifestó en las redes sociales el presidente del Partido Justicialista de Mendoza, Guillermo Carmona.

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Si bien tuvimos dudas respecto a la intencionalidad política de los ingresos a la sede partidaria con la aparente intencionalidad de robo, las pintadas en el frente de calle San Lorenzo denotan, en cambio, una abierta acción de ataque y amedrentamiento contra nuestra fuerza política que no podemos dejar de denunciar y poner en evidencia por su reiteración y por su mensaje de muerte y odio. Difícil resulta, en tal contexto, quitar significado político a los actos vandálicos perpetrados en el interior de la sede.

En primer lugar, considero fundamental señalar que tal situación pone en evidencia el calamitoso estado de inseguridad que padecemos en nuestra provincia. Que hechos delictivos se cometan en una de las zonas consideradas "más seguras" de la Ciudad de Mendoza, de manera reiterada y con ensañamiento, nos impone reflexionar sobre las críticas situaciones que sufrimos los habitantes de la provincia en áreas en las que no hay sistemas de video vigilancia, rondines de la policía municipal ni presencia de la Policía de Mendoza. La falta de respuesta policial preventiva y de la acción investigativa de fiscales y jueces resulta cada vez más alarmante.

Sin embargo, en estos casos que he descripto más arriba, se suma la cuestión del ataque hacia un partido político, el principal partido de oposición de la provincia, casos en los que el vandalismo y las expresiones de odio cobran un sentido político que daña a la democracia y encienden una alarma sobre la intolerancia que se manifiesta en algunos sectores de la sociedad involucrados en el fomento de la descalificación y la estigmatización. La ausencia de reacción oficial ante este tipo de situaciones acrecienta el peligro de que este tipo de prácticas violentas se naturalicen y hasta se promuevan.

En otro plano, aunque de una gravedad no menor, el justicialismo de Mendoza y sus aliados padecen una creciente hostilidad de parte de referentes políticos y de funcionarios oficialistas que crean un clima político enrarecido contrario a la necesaria convivencia democrática. Los casos abundan. Baste, como ejemplos, mencionar las expresiones de odio publicadas por el hijo del intendente de San Martín que buscó descalificar a un periodista de un medio local de ese departamento diciendo que "obvio que es un rata más del peronismo" y agregó "pongansé a laburar todos los oportunistas que esperan ganar guita de la política sin trabajar y esto no lo digo por el PJ solamente".

De un tenor similar ha sido la reacción del concejal santarrosino de Cambia Mendoza Matías Abraham, quien atacó con una violencia verbal inusitada a la presidenta del Concejo Deliberante de ese departamento Débora Quiroga, una dirigente de origen radical que se sumó al Frente de Todos como otros dirigentes radicales lo han hecho en el país y en Mendoza. Semanas atrás hice público mi repudio a la acción difamatoria del oficialismo malargüino contra la concejal Daniela Favari, presidenta del Partido Justicialista en el departamento sureño.

La violencia verbal de estos dirigentes del oficialismo provincial se encuentra en línea con las constantes expresiones del máximo referente de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, quien en reiteradas ocasiones ha sostenido expresiones discriminatorias hacia quienes se identifican con el peronismo calificándolos como "parásitos". Expresiones de semejante tenor han sido habituales en algunos intendentes radicales, como los de Guaymallén y Malargüe, en distintas ocasiones.

Espero que el gobernador, sus ministros y los magistrados tomen cartas en estos asuntos para que Mendoza deje de ser tierra de nadie y para que recuperemos la convivencia democrática que caracterizó a la política mendocina y que, aceleradamente, estamos perdiendo".