El comunicado

"Al gobernador de la provincia

A toda la sociedad

Así, no iniciamos

Un gobierno que congela el salario de todos/as los trabajadores/as de la educación y adeuda pagos como vestimenta de celadores/as y ayuda de útiles, que incumple acuerdos paritarios (como la equiparación de suplentes con titulares), que deja sin trabajo a cientos de educadores/as en programas como Jornada Extendida y no llama a todas las suplencias, que pretende obligar a hacer remplazos a docentes en Cambios de Funciones e impone por la fuerza condiciones de trabajo brutales, tanto en la tarea educativa desde las casas como para quienes abren las escuelas, no puede exigirnos nada. Tiene que abrir el ámbito de la paritaria. Ahora, con el no pago del medio aguinaldo, el gobierno debe un salario a cada trabajador/a del Estado y no puede exigir prestación laboral que no paga: sin salario, no hay trabajo.
A esto, hay que agregarle que a través de declaraciones y consultas extemporáneas, el gobierno ha instalado la discusión de un posible retorno presencial a las aulas sin convocar al sindicato, organización legítima que representa a los y las trabajadoras de la educación. A su vez, el documento nacional elaborado por el Consejo Asesor Nacional, tiene una importante cantidad de aspectos negativos y dudosos que, combinados con las condiciones de las escuelas de Mendoza, constituyen un peligro para toda la comunidad.
Desde las asambleas convocadas por el SUTE para analizar tanto ese documento nacional como las declaraciones del Director General de Escuelas en los medios de comunicación, surgió por unanimidad que no están dadas las condiciones para un retorno presencial a las aulas. Y para que exista dicha posibilidad,  antes que nada, tienen que convocar al SUTE para discutir esas condiciones.
En cuanto a “un posible retorno a las aulas”, el documento nacional habla de un “alto control de la pandemia”, sin claridad sobre lo que esto significa. Lo cierto, es que no hay planificación del transporte público,  ni alternativa de transporte privado que dé las garantías necesarias. Ni interurbano, ni de media y/o larga distancia. Por otro lado, se plantean condiciones de las escuelas que ya sabemos que no tenemos y que han empeorado -sin lugar a dudas- por la falta de inversión. Además, en Mendoza no se cumple con el “aumento de personal de higiene y limpieza” que indica el documento (celadores/as). Las y los trabajadores del sector,  tampoco tienen los elementos y el entrenamiento necesario y se le debe la ropa de trabajo, que obliga el Estatuto del Celador.  Y la lista de carencias sigue: no hay plan de inversión para aprovisionamiento de elementos de prevención e higiene, ni aumento en los fondos fijos de las escuelas, ni un plan de capacitación previo para el personal y para la comunidad. Falta claridad sobre a quienes se exceptúa (por pertenecer a grupos de riesgo, o por convivir con grupos de riesgo o por tener hijos o familiar a cargo). Otros aspectos importantes a tener en cuenta son la carencia material (recursos) y el agotamiento  físico y  mental, que hacen imposible que una docencia sobrecargada por las condiciones impuestas de teletrabajo, asuma –ahora- una doble modalidad que combine lo presencial con lo no presencial, cuando no se han resuelto aún ninguna de nuestras demandas sobre las condiciones actuales. Tampoco se protege a los y las trabajadoras con el aislamiento total si se produce un contagio en la escuela. Finalmente, y en cuanto a lo pedagógico, donde se ha planteado priorizar a los grupos de “trayectorias débiles”,  no se van a garantizar mejores aprendizajes, sino una discriminación basada en la desigualdad social,  desconociendo la situación actual de miles de familias que no podrán o no querrán -con razón- enviar a sus hijos/as a la escuela, incluidas las de las propias docentes y celadoras que tienen hijos/as a cargo.
A su vez en Mendoza, mientras sigue la preocupación por el constante crecimiento de contagios en los que se desconocen los nexos epidemiológicos,  desde la Nación se plantea “volver en agosto” con el invierno,  particularmente intenso en nuestra provincia.
Los funcionarios del gobierno, en los medios de comunicación hablan de “diálogo”, pero en la realidad cierran todos los canales institucionales, persiguen y reprimen. Se excusan en los problemas de recaudación, pero siguen privilegiando el pago a acreedores, especuladores y se niegan a discutir el impuesto a las grandes fortunas.
Por todo esto, los/as trabajadores/as de la educación nos preparamos para no iniciar las clases después del receso, ya sean presenciales o no presenciales, si el gobierno no llama a paritarias para comenzar a dar soluciones a los problemas del sistema educativo".

El comunicado está firmado por el Secretariado Ejecutivo del SUTE