La Alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se mostró muy crítica con el gobierno de Nicolás Maduro y expresó su preocupación por la dimensión de la crisis y la violación a los derechos humanos en el país caribeño.

"Estoy profundamente preocupada por la magnitud y la gravedad del impacto en los derechos humanos de la crisis actual en Venezuela, la cual es también un factor de desestabilización en la región", afirmó atrás recibir el primer informe elaborado por la misión que envió a Caracas.

La ex presidenta chilena resaltó la represión que están llevando a cabo las tropas de Maduro y los “colectivos” chavistas. "Mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales”, apuntó.

El documento del organismo destaca el uso excesivo de la fuerza por parte de los militares venezolanos, torturas y malos tratos, además de homicidios, detenciones arbitrarias, amenazas e intimidaciones.

Bachelet presentó el informe en el seno de las Naciones Unidas y en el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, dando así un duro golpe al chavismo, que sigue negando todo.

"Seguimos investigando informes de posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. En 2018, se informó que las FAES (Fuerzas Especiales de la Policía Nacional) mataron al menos a 205 personas. Según informes, otros 37 fueron asesinados en enero de 2019 en Caracas", reveló la dirigente chilena.

La misión que envió a Venezuela documentó hechos aberrantes que el periodismo ya venía adelantando.

“Durante los allanamientos ilegales a las casas realizadas por las FAES, posteriormente informan de la muerte como resultado de un enfrentamiento armado, aunque testigos informan que las víctimas estaban desarmadas. Las víctimas vivían en barrios pobres y participaron en protestas antigubernamentales. Me preocupan especialmente los informes que indican que estas operaciones son una forma de represalia e intimidación", destacó la Alta Comisionada.

"Desde junio de 2018, el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente", subrayó Bachelet, quien destacó que las autoridades venezolanas "se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos".

Debido a los problemas que tuvieron los integrantes de su misión, Bachelet le pidió al gobierno de Maduro que garantice a los expertos el acceso a los lugares y personas que elijan, sin represalias contra los entrevistados. “Es esencial que el equipo tenga acceso total y sin restricciones”, afirmó.

También pidió que no haya represalias "contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos", sin dar detalles sobre las personas con las que la misión está contactando.