La ejecución patrimonial derivada de la condena firme por administración fraudulenta en la obra pública de Santa Cruz ingresó en una fase de máxima aceleración en los tribunales federales de Retiro. Coincidiendo con el primer año del cumplimiento del arresto domiciliario de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal general Diego Luciani avanza en la confección de un tercer pedido de decomiso de bienes, al tiempo que solicitará una indexación urgente de la multa civil que actualmente se ubica en los 685.000 millones de pesos.

La presentación del Ministerio Público Fiscal se radicará ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), bajo la premisa de que el cálculo pericial practicado originalmente quedó severamente desactualizado por el impacto de la inflación acumulada. La ingeniería jurídica diseñada por Luciani busca neutralizar la depreciación del monto global del fraude, el cual había sido ajustado por última vez mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC tomando el período comprendido entre fines de 2022 y mayo de 2025.

Las tres etapas del entramado de ejecución de activos

La estrategia persecutoria de la fiscalía se encuentra atomizada en tres frentes simultáneos que buscan cubrir el bache financiero del desfalco al Estado nacional, afectando los patrimonios de la familia Kirchner, del empresario Lázaro Báez y de sus firmas satélites:

• Primera tanda (111 bienes bajo análisis): Cuenta con el aval del TOF 2 y Casación. Su ejecución final y posterior remate dependen de que la Corte Suprema resuelva los recursos de queja de las defensas. Afecta a 20 propiedades de los Kirchner (19 de Máximo y Florencia) y 84 de Báez.

• Segunda tanda (141 inmuebles y cuentas): Se tramita en el TOF 2 e incluye 46 vehículos, 4 motos, 2 de embarcaciones y los 5.656.134 dólares depositados a nombre de Florencia Kirchner, además de 13 inmuebles directos de la familia.

• Tercera tanda (En preparación): Es el nuevo listado en el que trabaja el despacho de Luciani. Contempla la identificación de activos de sociedades vinculadas, estancias y 18 participaciones accionarias de Lázaro Báez, junto a bienes atribuidos a las firmas Los Sauces SA, Co.Ma SA y Hotesur SA.

Un proceso de recupero de fondos sin precedentes

Desde las oficinas de Comodoro Py advierten que la enorme cantidad de activos bajo análisis demuestra la capilaridad con la que la corrupción arraigó en las estructuras del Estado durante el período investigado. Aunque diversas terminales del Poder Judicial matizan el optimismo respecto a la posibilidad de reconvertir la totalidad de los bienes en efectivo para alcanzar los $685.000 millones, los magistrados de las distintas instancias coinciden en que se trata de un proceso de recupero de activos histórico y sin precedentes en la región por su escala monetaria.

Mientras las defensas articulan recursos para intentar otorgarle un efecto suspensivo a las subastas de la primera tanda de propiedades, la fiscalía apuesta a la celeridad de los ministros de la Corte Suprema para habilitar los martilleros públicos. De convalidarse la nueva indexación solicitada por el Ministerio Público Fiscal, la cifra final del resarcimiento exigido continuará escalando mes a mes, presionando de forma directa sobre las estructuras societarias remanentes de los condenados.