El gobierno de Rodrigo Paz atraviesa su crisis más grave desde que asumió la presidencia de Bolivia. Desde hace dos semanas, miles de manifestantes sindicales, campesinos e indígenas mantienen bloqueos en rutas clave y exigen la renuncia del mandatario.

La situación afecta especialmente a La Paz, donde se registran al menos 15 puntos de bloqueo en la ciudad y sus alrededores. Las protestas interrumpieron el tránsito en rutas nacionales que conectan con el centro político y administrativo del país, donde funciona la sede del Ejecutivo.

Las manifestaciones son impulsadas principalmente por la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización sindical del país. El reclamo comenzó con un pedido de aumento salarial del 20%, pero con el correr de los días adquirió un tono político y derivó en la exigencia de renuncia del presidente.

La protesta provocó faltantes de alimentos, subas de precios y problemas en el suministro de insumos médicos. Medios bolivianos también denunciaron falta de oxígeno en hospitales, una situación crítica para el sistema sanitario.

El momento de mayor tensión se produjo el sábado, cuando la Policía y las Fuerzas Armadas intentaron liberar distintos bloqueos para abrir un corredor humanitario que permitiera el ingreso de combustibles, medicamentos y oxígeno.

Los manifestantes respondieron con piedras y cargas de dinamita. Ante el riesgo de una escalada mayor, el Gobierno decidió retroceder para evitar un "derramamiento de sangre". No se reportaron víctimas.

En paralelo, el Ejecutivo desplegó unos 3.500 efectivos en distintos puntos del país para intentar despejar rutas y contener los focos de violencia. También hubo reuniones con representantes sociales de La Paz y El Alto para consensuar un plan de trabajo que permita reducir la conflictividad.

Aunque la protesta no estaría conducida directamente por Evo Morales, su figura volvió a ganar relevancia en medio de la crisis. Según analistas locales, el expresidente no aparece como organizador central del conflicto, pero el deterioro político del Gobierno podría favorecerlo.

Seguidores de Morales bloquearon con piedras y troncos el aeropuerto de Chimoré, en el departamento de Cochabamba, con el objetivo de impedir un eventual operativo policial contra el exmandatario.

En medio de ese escenario, Estados Unidos emitió un comunicado en el que denunció "acciones destinadas a desestabilizar" al nuevo gobierno boliviano por parte de sectores vinculados a Morales.

El respaldo de Washington aparece en un contexto regional sensible. La administración de Donald Trump considera a Rodrigo Paz como un aliado dentro de su estrategia política para América Latina.

Para el presidente boliviano, el desafío inmediato será recuperar la circulación de rutas, garantizar el abastecimiento de La Paz y evitar que un reclamo salarial transformado en crisis política termine debilitando su gobierno apenas seis meses después de asumir.